Astillero. A ocho meses de la Casa Blanca. Julio Hernández López

Con indudable maestría, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha desaprovechado varias oportunidades de instalar en los mexicanos un nivel de confianza en las instituciones y en sus encargados actuales respecto a acusaciones de tráfico de influencias y corrupción. Salvo casos menores, la política oficial de Los Pinos ha consistido en una plena protección a los fundadamente señalados como partícipes de actos de inmoralidad política y corrupción administrativa, además del tendido de redes mediáticas de distorsión y dilución de los casos que hubieran logrado saltar a la luz pública, apostando esos poderes al paso del tiempo, tanto en función de la desmemoria colectiva como de la aparición de nuevos escándalos que ayudan al archivado político de los anteriores.