Transparencia y Derechos Humanos, los olvidados del presupuesto

El clamor ciudadano exige a los gobiernos respetar dos premisas básicas: ser abiertos y accesibles, y que se respeten los derechos de las personas. Ante ese escenario, la tendencia de los últimos años ha sido crear órganos independientes que garanticen el cumplimiento de estas premisas y que difundan una cultura de respeto a estos valores primarios de la democracia.

Cuando los gobiernos fallan en el cumplimiento de estas premisas, la mirada inquisidora del ciudadano voltea, de manera especial, hacia esos órganos independientes, a los que muchas veces se les responsabiliza por no tener la capacidad de reconvenir a esas administraciones incumplidas.

Sin embargo, pocas veces volteamos a mirar el estado en el que subsisten esos órganos, y de hecho, pasamos por alto que sistemáticamente, los gobiernos generan condiciones de debilidad institucional que les impiden su consolidación total.

Es el caso de la Comisión Estatal de Información Gubernamental (CEIG) y la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), órganos a los que se les proyectan caídas presupuestales para 2016, comprometiendo así su capacidad de respuesta como contrapesos del poder.

La CEIG recibiría en 2016, de acuerdo con la propuesta del gobierno del estado de Querétaro, 12 millones 23 mil 500 pesos, exactamente el mismo presupuesto de este 2015. Si tan solo el efecto de la inflación no limita su ya de por sí poca capacidad presupuestal, pues es el órgano autónomo con el menor recurso en Querétaro, la reforma constitucional de 2015 en materia de transparencia termina por darle al traste al órgano garante de Querétaro.

Por poner un sencillo ejemplo, la CEIG contará, a partir de los primeros meses de 2016, con dos nuevos comisionados que se unirán a Javier Rascado Pérez, para formar un órgano colegiado. Estas nuevas contrataciones suponen, de manera lógica, el crecimiento de la nómina del organismo y su natural ampliación administrativa. Afrontar esta nueva exigencia constitucional con el mismo presupuesto se antoja prácticamente imposible.

La DDHQ, por su parte, pasaría de 30 millones 351 mil pesos, a 29 millones 743 mil 980 pesos, teniendo así una ligera disminución. Miguel Nava Alvarado ha exigido en los últimos años que se garantice lo dispuesto en la constitución tanto federal como local, que fueron reformadas a partir de 2011, para que se le dé una real autonomía institucional, suficiente capacidad financiera, así como un patrimonio propio, al órgano garante de los Derechos Humanos.

En los últimos dos años, la propuesta de la DDHQ ha sido de alrededor de 60 millones de pesos, pues tiene el proyecto de hacerse de un inmueble propio en el que pueda operar, ya que actualmente el que renta en el Centro Histórico supone un gasto corriente de alrededor de 70 mil pesos mensuales, que terminan yendo a las manos de un particular.

Esto sin considerar el crecimiento del personal y de la capacidad de cobertura que necesita un órgano que tiene que garantizar el respeto a los Derechos Humanos en los 18 municipios del estado, incluyendo aquellos a los que apenas es posible llegar por la falta de recursos.

Lo que llama la atención es que en la propuesta del gobierno del estado se plantean jugosos presupuestos para los órganos electorales, a pesar de que el 2016 es un año no electoral para Querétaro.

El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), recién nacido en este 2015, recibiría 20 millones 28 mil 638 pesos, y habría que preguntarse qué tanta carga de trabajo podrían tener los tres magistrados electorales en un año en el que prácticamente no se presentarán problemáticas al no haber ningún proceso electoral en puerta.

Análisis aparte merece el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), que si bien verá caído su presupuesto, con respecto a 2015, con una propuesta de 118 millones 643 mil 638 pesos, este es muchísimo mayor que el presupuesto de 2013, el último año sin actividad electoral en Querétaro.

El presupuesto de 2013 fue de 56 millones de pesos, pero ahora incrementa a más del doble porque la última reforma constitucional supone una nueva formula para calcular las prerrogativas de los partidos políticos, los cuáles recibirán mucho más dinero en 2016.

Llama la atención que en materia electoral se respete un incremento presupuestal en aras de cumplir con las reformas, pero en materia de transparencia el presupuesto no sostenga la reforma que hubo en la materia.

El compromiso con temas tan socorridos por los ciudadanos, como la transparencia y los Derechos Humanos, tiene verse reflejado en un presupuesto que permita, no solo subsistir y mantenerse como fachadas visuales, sino como organismos autónomos lo suficientemente robustos como para hacer frente al poder público y ser el contrapeso democrático que se necesita para vigilar el correcto proceder de los gobiernos.