Las reformas del “Plan B” serán las más impugnadas de la historia

Legisladores de oposición en el Senado de la República, a la espera del trámite legislativo que le den aquellos que controlan al Senado; mientras los morenistas bajaron la velocidad que le imprimieron cuando, sin leer las iniciativas de AMLO, fueron arbitrariamente aprobadas, violentado su propio marco legislativo.

El abuso dio inicio en la Cámara de origen; recibieron las iniciativas por la tarde y por la noche y madrugada ya estaban aprobadas para enviarlas al Senado. Nadie se enteró del contenido y trascendencia de las iniciativas del titular del Poder Ejecutivo. La instrucción que les dio Adán Augusto López, fue tajante: se aprueban de inmediato. Y los sinvergüenzas de las y los diputados, subordinados del ejecutivo, así lo hicieron.

La supuesta “urgencia y obvia resolución” no ha sido terminada. Ni los súbditos se pudieron poner de cuerdo; hubo fallas de todo tipo, incluso de redacción. Así lo aprobaron, luego corrigieron y no han concluido la “urgente y obvia” dictaminación y aprobación. Una de las fallas que aprovechará la oposición en su favor en el momento de tramitar las impugnaciones.

Las inconformidades en contra de las 2 primeras leyes aprobadas ya se están dando, puesto que afecta los artículos 115 y 116, entre otros, de la Constitución; lastiman la libertad para administrar la hacienda municipal, vulneran la autonomía de los ayuntamientos al imponerles arbitrariamente topes en sus gastos de publicidad; lo mismo hacen con los gobiernos de lo estados ¿Dónde quedó el principio constitucional de libertad y soberanía? Una de tantos abusos cometidos por legisladores morenistas, sus amanuenses y el titular del Poder Ejecutivo. En manos de las y los ministros de la SCJN el respeto a la Constitución a que hizo referencia la presidenta Norma Piña Hernández.

Evidentes abusos por parte del ejecutivo. Los estados y municipios son libres para administrar su hacienda; una ley secundaria no puede estar por encima del marco constitucional. Poco les faltó a los morenistas limitarles el cobro de impuestos, derechos y otras contribuciones.

Evidentes reformas inconstitucionales a la Ley General de Comunicación, así como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que fueron publicadas el pasado 27 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación.

Ayuntamientos, gobiernos de algunos estados, INE, partidos políticos, legisladores de oposición y más, se encuentran impugnando las arbitrariedades cometidas por los legisladores gobiernistas y el mismo presidente López Obrador.

A la espera de la aprobación de las reformas que llevan la intención de “destrozar” las atribuciones de los organismos electorales, alterar la naturaleza de algunas funciones, reducir personal para evitar que cumplan con eficiencia las etapas de los procesos electorales federales y locales. Esa será la batalla jurídica más grande de la historia reciente, no solo por la cantidad, sino por el fondo del problema.

AMLO y sus huestes legislativas, dispuestos a terminar con la democracia y libertades políticas de los mexicanos. Las y los ministros de la SCJN, enfrentarán una de las más delicadas tareas, la defensa de la Constitución y las instituciones democráticas propiedad de la ciudadanía.

Quienes deben el cargo de ministro o ministra a López Obrador, tendrán una dura responsabilidad ¿Obedecer al autoritario y tirano o cumplir con el trascendente mandato Constitucional? ¿Podrán cumplir con el apotegma al que se refirió la presidenta de la SCJN? ¡Somos siervos de la ley suprema, para ser libres!

La batalla jurídica está por comenzar. La defensa de la Constitución, es una obligación. Preservar nuestras instituciones democráticas, también es obligación de cualquier mexicana y mexicano con sólidos principios democráticos, de procurar el bien de la unidad nacional.

Vale recordar algunas palabras de la ministra Norma Piña, presidenta de la SCJN, en su exposición frente a López Obrador: “Nuestro actuar debe estar apegado al derecho para —de cara a la sociedad— rendir cuentas en el ejercicio de nuestra función. Los juzgadores estamos siempre sujetos al imperio de la ley, pero nuestra función no se limita a una aplicación formal.