La deuda histórica con las mujeres

El 8 de marzo no solo simboliza una jornada en la que las mujeres reclaman en las calles una mayor seguridad, respeto, y atención ante los alarmantes casos de feminicidio y la urgente necesidad de prevención. Esta fecha también nos recuerda que, como hombres, nuestra responsabilidad va más allá de ser meros espectadores del fervor con el que las mujeres recorren el Centro Histórico de Querétaro, manifestándose para conmemorar la lucha por sus derechos y exigir justamente un freno a la violencia de género.

No podemos permanecer indiferentes ante estas causas, especialmente cuando, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de enero de 2024, se han registrado en México 4 mil 817 feminicidios.

Estas cifras de feminicidios son solo la punta del iceberg. Existen incontables casos de violación, abuso sexual, acoso y otras formas de violencia que las mujeres enfrentan a diario. La magnitud del problema es abrumadora, considerando que casi el 80% de las mujeres de 15 años en adelante han experimentado algún tipo de violencia, según datos del INEGI.

Como representantes y autoridades, debemos reconocer que hemos fallado a las mujeres en su lucha cotidiana. Sin embargo, desde la Legislatura, hemos impulsado diversas iniciativas que buscan proteger a las mujeres frente a la violencia. Un ejemplo destacado es la Ley Vicaria, aprobada en junio del año pasado, diseñada para prevenir que los agresores utilicen a los hijos como medio para infligir daño.

Esta legislación se elaboró en colaboración con el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, tomando en cuenta también los derechos de las niñas y niños. Querétaro se convirtió así en el vigesimocuarto estado en legislar al respecto.

Nuestros esfuerzos no se han limitado a la violencia vicaria. También hemos trabajado en la iniciativa de reforma al Código Civil del Estado para establecer un registro de Deudores Alimentarios. Esta medida busca sancionar a aquellos que eluden su responsabilidad de manutención, impidiéndoles ser candidatos a cargos de elección popular, obtener licencias de conducir e incluso, restringirles el acceso al uso de agua potable.

Además, hemos buscado actualizar las leyes locales para que estén en consonancia con la normativa federal. Siguiendo la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoce el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, presentamos una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado. Esto con el fin de homologar criterios y proteger los derechos de las mujeres.

Reconociendo que el municipio es el primer contacto de la población con la autoridad, hemos exhortado a los 18 Ayuntamientos del Estado a implementar acciones, manuales o protocolos para prevenir, erradicar y sancionar la violencia política de género.

Aunque somos conscientes de que estas medidas son solo un pequeño paso hacia la erradicación de la violencia contra la mujer, también sabemos que desde nuestra posición debemos esforzarnos por promover la igualdad y el respeto hacia la mujer todos los días, tal como hemos intentado desde la Legislatura del Estado.

Los recintos legislativos deben convertirse en espacios seguros para la lucha y protección integral de las mujeres, no solo en comisiones específicas, sino como una prioridad en nuestra agenda general que promueva el bienestar femenino.

La conmemoración del 8 de marzo va más allá de reconocer la lucha femenina; implica abogar por sus causas durante todo el año. La violencia no conoce de pausas y se manifiesta en todo momento y lugar.

La batalla por los derechos de las mujeres no es exclusiva de ellas; es un esfuerzo colectivo para forjar un mundo más justo, menos violento e inclusivo. Todos formamos parte de esta deuda histórica con las mujeres, y es nuestra responsabilidad trabajar unidos para saldarla.