De Querétaro, en jaque TSJ y Fiscalía

Por Andrés González Arias

En los últimos ocho días, dos instituciones del gobierno de Querétaro, el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General del Estado – y ambas tienen que ver con la aplicación de la justicia – fueron puestos en jaque por instancias ciudadanas.

A la Fiscalía General del Estado, organismo constitucional autónomo y encargado de investigar y perseguir delitos que son de su competencia, una ciudadana de nombre Yuriko Isaura Guillén Torres, vecina de Juriquilla, envía a su titular el maestro, Alejando Echeverría Cornejo un serio llamado de auxilio para su protección personal, luego de haber sido presuntamente amenazada por uno de sus vecinos y cuyo nombre ella misma lo proporciona, en donde manifiesta “lo decepcionante y frustrante que resulta el funcionamiento del sistema de justicia en nuestro estado”.

Según su denuncia, ella fue atacada con un cuchillo que le produjeron heridas, “así como golpes y empujones, además de haber sido amenazada de muerte” por dicho sujeto. Dice tener testigos de los hechos. El escrito lo hace público – y circula por redes – el pasado 20 de abril del año en curso.

Esta es parte de la historia:

“Fui trasladada en una patrulla a la Fiscalía 4 donde la licenciada Ana Gabriela Salazar me indicó que “no podía hacer nada”, que yo no tenía ningún parentesco con el citado sujeto. Posterior a esto asistí a la Fiscalía 5 con la licenciada Ana Guadalupe Hernández Acosta, con número de empleada de la Fiscalía 186127, quién decidió tampoco hacer nada. Y al comentarle que temía por mi vida y seguridad, me dijo pues que me fuera a un hotel o con algún familiar, comentarios a todas luces fuera de lugar, ética y profesionalismo”.

La denuncia está dirigida tanto al gobernador Mauricio Kuri, como al maestro Alejandro Echeverría Cornejo, Fiscal General del Estado.

“Como última alternativa acudí a la Fiscalía General del Estado en donde la licenciada Esmeralda Blas Martínez, fiscal decisor, con número de empleado 127587, me dijo que lo sentía mucho pero que no podía hacer nada”.

Y pone de testigos a uno de sus hijos y a otro señor que le acompañaron en “este tortuoso trance”.

Y pregunta:

¿Esta es la forma en la que el estado de Querétaro maneja la violencia de género? ¿Así tratan nuestras autoridades queretanas un probable caso de feminicidio? y responsabiliza, tras la denuncia, a los servidores públicos citados que trabajan en la fiscalía, “por su actuar tan deficiente en la prevención de un posible delito”. Y lo firma, quedando pendiente de sus respuestas, de las que, ahora solo se sabe, que no había sido detenido el presunto agresor hasta el martes de esta semana y que ella ya había dejado su vivienda, para salvar su seguridad personal.

Y el otro caso, que atañe al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro.

Y es un extrañamiento que realiza un bufete de abogados de nombre TEMIS Servicios Estratégicos, que se especializan en la defensa de los derechos humanos y se dicen especialistas en atención a víctimas.

Y su extrañamiento lo hacen público. Circula pues, en redes.

“Ante la circunstancia de desigualdad que se presenta mediante la página oficial de Facebook del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, derivado de la preferencia que se pretende dar con la credencialización ante el Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, A.C.”.

“Dicha credencial – continúa diciendo el denunciante – servirá para agilizar los trámites ante los jueces, como afirma la publicación oficial”.

“Por lo que nos pronunciamos en contra de la discriminación, desigualdad jurídica y la falta de acceso a la justicia para todas las personas en igualdad de condiciones”.

Y es que la justicia ni por esta, ni por ninguna otra razón debe ser selectiva.

“Esta situación, además de incumplir el artículo 17 constitucional, atenta en contra de los tratados internacionales, así como también violenta el derecho a la libre asociación, ya que de cierta manera, el propio Tribunal avala e intenta obligar a colegiarse, lo que debe ser una decisión personal de cada profesionista”.

Esto equivaldría a que a los periodistas nos obligaran alguna instancia de gobierno a pertenecer a algún Colegio o Asociación de Periodistas, para poder escribir, convirtiéndose ello en un abierto atentado a la libertad de expresión.

Y cierran así:

“Solicitamos que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro otorgue libre acceso a la justicia para todas las personas, así como a todos los trámites que se requieran, en situación de igualdad y sin discriminación alguna”.

Este extrañamiento tampoco ha tenido respuesta alguna.