¿Quién es la exfuncionaria estatal de Querétaro acusada de corrupción?

La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Querétaro tiene poco más de seis meses de trabajos, y ya ha arrojado tres casos en los que, tras dar cuenta en sus investigaciones de irregularidades en el servicio público, se han producido tres detenciones de exfuncionarios, dos de la administración de José Calzada Rovirosa, y uno de la actual de Francisco Domínguez Servién

La última detención fue la de la que fuera Coordinadora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Gobierno del Estado, una dependencia que estuvo adscrita a la Oficialía Mayor. Por la secrecía que debe guardar la investigación, la Fiscalía Anticorrupción no puede dar a conocer el nombre de la exfuncionaria, pero aquí vamos a contarles un poco de su paso por el gobierno estatal y las razones que derivaron en su detención, el pasado 14 de enero.

La susodicha exfuncionaria se unió a la administración de José Calzada, antes que nada, por su amistad personal con la señora Sandra Albarrán de Calzada. En su momento fue esposa de uno de los secretarios particulares que tuvo el exgobernador, y esto la hizo muy cercana al poder. Participó como Coordinadora de la Campaña de José Calzada a través de internet, allá por 2009, cuando esto aún era algo novedoso. Posteriormente, ya en la administración, colaboró primero coordinadora del Centro de Comunicación Digital, antes de tomar el cargo antes mencionado y en el que colaboró durante casi toda la administración.

Quienes colaboraron con ella aseguran que su trato era más bien déspota. Se sabía parte de la camarilla de protegidos y conflictuarse con ella era, casi por añadidura, hacerlo con el propio gobernador.

La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción informó que su detención se debió a su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público, pues no hizo del conocimiento de su superior jerárquico, que entonces era el gobernador José Calzada Rovirosa, que un software que había adquirido por 39 millones de pesos no estaba en funcionamiento.

Del software en cuestión, se sabe que fue adquirido con la intención de autenticar todos los documentos que diversas dependencias del Poder Ejecutivo emitieran digitalmente, mediante sellos o medidas de seguridad que le garantizaran al ciudadano que el documento era fidedigno.

Pero aunque se realizaron algunas pruebas, el software nunca se puso en funcionamiento de forma integral. Esto ya lo había advertido la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE), que en la cuenta pública del Gobierno del Estado de Querétaro del segundo semestre del 2014, en la observación 20, señalaba que el software adquirido con la empresa Encripta S.A de C.V no había quedado en su punto óptimo de funcionamiento.

La razón que esgrimía el gobierno del estado es que estaba en periodo de pruebas, pero un documento del 19 de noviembre de 2014 firmado por el Subcoordinador de Tecnologías y Sistemas hacía constar que el software estaba en perfecto estado funcional.

La exfuncionaria, que hoy da seguimiento al proceso penal en libertad tras haber pagado una fianza de 180 mil pesos, esto de acuerdo con Benjamín Vargas Salazar, titular de la Fiscalía Especializada, tuvo mucha injerencia en la adquisición de software en la anterior administración.

Por ejemplo, ella fue la impulsora de la adquisición de Civitas, un sistema que permite la integración de todos los trámites gubernamentales en un entorno digital, por lo que los ciudadanos pueden estar en comunicación constante con el gobierno a través de un sistema que les libere de la burocracia tradicional, las largas filas de espera y el papeleo incesante.

Un blog perteneciente a Microsoft cita una declaración de la exfuncionaria en la que afirma que Civitas era el sistema elegido por el gobierno del estado de Querétaro para encontrar esa solución.

“De las diversas plataformas evaluadas por el gobierno, Civitas resultó la más apta para solucionar este inconveniente. Los factores por los que elegimos Civitas fueron su flexibilidad para adaptar procesos, la integración que tiene con otras aplicaciones, su confiabilidad y usabilidad, el tiempo que toma implementarla, sus casos de éxito previos con otros gobiernos y el costo, que es bastante accesible”, señala la exfuncionaria en una cita del blog.

Apenas en 2017, la empresa TI-M, desarrolladora de Civitas, publicó un brochure en el que explica las bondades del sistema, “la mejor solución de Ventanilla Única en Atención Ciudadana de América Latina” según TI-M. En este documento publicitario, TI-M cita a la exfuncionaria estatal.

“Gracias a Civitas® creamos una red de servicios ciudadanos para entender, servir y responder más rápido a sus necesidades. Al integrar los municipios a nuestra infraestructura, construimos un Querétaro cerca de todos”, y citan su nombre y cargo, el de Coordinador de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Querétaro. En el brochure se menciona que el costo del servicio es de 7 mil dólares mensuales.

La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción heredó el caso, que ya era investigado por la Fiscalía General, desde prácticamente el inicio de la administración actual, pues el tema incluso se desahoga bajo el antiguo sistema penal tradicional. La exfuncionaria estará ligada al proceso durante los próximos meses.

El delito del que se le acusa está previsto en el artículo 261 del Código Penal del Estado de Querétaro, específicamente la fracción IV, que dice:

“Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión, de cualquier acto u omisión por el que puedan ocasionarse o se ocasionen daños, perjuicios u otra afectación, a la hacienda pública, al patrimonio o los intereses de los Poderes, las entidades paraestatales, los organismos constitucionales autónomos, los tribunales administrativos, los municipios y sus entidades paramunicipales o de cualquier otro que maneje, utilice, recaude, ejecute o administre recursos públicos, no informe por escrito a su superior jerárquico o autoridad competente, o no lo evite si está dentro de sus facultades”.

Se prevé prisión de 3 meses a 3 años y de 30 a 90 días multa, cuando el daño no exceda de 200 veces el salario mínimo; de 1 a 5 años y de 60 a 300 días de multa, cuando el daño no exceda de 600 veces el salario mínimo; y de 3 a 10 años y de 300 a 750 días multa, cuando el daño exceda 600 veces el salario mínimo.

Veremos en qué acaba el caso del software subutilizado que alcanzó a una de las funcionarias más cercanas al poder en la pasada administración estatal.