El Ejido San Pablo, un conflicto de 50 años que detuvo por 5 horas a Querétaro capital; Alcaraz acuerda avances
Desde las 6 de la mañana y hasta las 11 se bloqueó total y parcialmente Bernardo Quintana, pues, señalan los manifestantes, durante cinco décadas no se les ha pagado por tierras sobre las que hoy hay avenidas como Bernardo Quintana, Paseo 5 de Febrero, parte de Tecnológico y Pie de la Cuesta, señalando que tienen derecho a hacer cierres “en sus tierras”, al menos hasta que les paguen
En punto de las seis de la mañana del lunes 23 de septiembre, la vialidad de Bernardo Quintana, una de las principales arterias de la ciudad, amaneció bloqueada. Decenas de automovilistas quedaron atrapados en el embotellamiento, mientras una docena de presuntos ejidatarios de San Pablo se plantaban en el asfalto. Con pancartas en mano y un mensaje claro: sus tierras, ocupadas desde hace más de 50 años, aún no han sido pagadas.
El bloqueo afectó el tráfico vehicular en dirección a 5 de Febrero, justo a la altura de la colonia Las Américas, un punto crítico en hora pico. Para quienes se dirigían a sus trabajos o escuelas, la mañana se transformó en un caótico desfile de autos detenidos, mientras algunos desesperadamente consultaban aplicaciones de tráfico para encontrar una ruta alterna. Largas filas de vehículos llegaron hasta avenidas aledañas como Pie de la Cuesta, Tecnológico y Sombrerete. Incluso una ambulancia tuvo dificultades para avanzar, logrando cruzar apenas cuando los manifestantes abrieron dos carriles por breves momentos.
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Las razones del bloqueo, explicaban los manifestantes, eran claras. “Nos estamos manifestando por unas tierras que tienen ocupadas desde hace más de 50 años y son propiedad del Ejido”, afirmó una de las líderes de la protesta. “Hemos tenido diálogos con el gobierno, pero se ha prolongado demasiado. Fue un exceso, por eso decidimos tomar esta acción hoy”. Las tierras en disputa suman 4.2 hectáreas y abarcan zonas ahora desarrolladas como el boulevard Bernardo Quintana, Paseo 5 de Febrero y otras áreas circundantes.
Nicolás Rico Bañuelos, asesor jurídico de los ejidatarios, explicó que el conflicto no es nuevo. “Han pasado más de 10 años desde que empezamos a manifestarnos. Ganamos un juicio, pero el gobierno ha emitido un amparo para impedir la resolución final”. Las familias afectadas, unas 50 personas en total, llevan décadas esperando una “indemnización justa por las tierras” utilizadas para la infraestructura de la ciudad. Sin embargo, el proceso ha sido largo y frustrante.
Cabe recordar que Rico Bañuelos fue secretario de Formación y Capacitación Política de Morena durante la dirigencia de Ángel Balderas Puga, y que, de acuerdo con notas periodísticas, aunque se ostenta como abogado, no cuenta con cédula ni aparece en el Registro Nacional de Profesionistas.
En esta ocasión, el compromiso del gobierno sirvió para evitar que la protesta se extendiera más allá de las 10:30 de la mañana. Según el secretario general de Gobierno, Carlos Alacraz Gutiérrez, se llegó a un acuerdo temporal tras varias horas de tensión. Luego de largas horas bajo la carpa, se firmó un acuerdo donde el gobierno buscaría establecer acciones para que avance la resolución del conflicto.
“El gobierno se ha comprometido a resolver un problema que lleva 50 años, al menos ocho sexenios han pasado sin que se dé una solución”, señaló. “Mañana mismo acudiremos al Instituto Nacional de Administración de Avalúos en Ciudad de México para dar seguimiento al proceso. Hemos firmado un acuerdo que establece los mecanismos para la eventual indemnización”.
Ejidatarios de San Pablo exigen indemnización por 4.2 hectáreas en Bernardo Quintana
A pesar del acuerdo, no todos los detalles fueron revelados. Existe una cláusula de confidencialidad que limita la información pública sobre el monto exacto de la indemnización solicitada. “Eso lo tiene que definir el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN)“, explicó Nicolás Rico Bañuelos, abogado de los ejidatarios y quien se negó a responder si se trataría de un movimiento promovido por partidos políticos.