Amparos no pondrán en riesgo protección de Peña Colorada: Sedesu

Los amparos a los que planean recurrir los ejidatarios inconformes con la declaración de Área Natural Protegida de Peña Colorada no podrán en riesgo la protección del área, pues desde 1995 se tienen ordenamientos legales para garantizarla, explicó el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete.

“Las leyes de nuestro país permiten el amparo; aquella persona que no esté de acuerdo tiene la oportunidad de recurrir a un amparo; eso fue de lo poco que se pudo plantear (en la reunión). Es importante aclarar que no se afecta ningún derecho que no se tuviera de antes, el área desde el 95 tiene un uso de protección ecológica; en 2014, se le dio un uso ambiental de protección; el decreto viene a ratificar esos dos usos”, explicó.

Además, agregó que, a diferencia de lo que argumentan los ejidatarios, el decreto no trata de quitarles sus derechos sobre sus tierras, sino que sigan aprovechándolos como lo han hecho hasta ahora y, además, recibir los apoyos que derivan del reconocer el valor ambiental de su tierra.

Además, la posición es que se continuará dialogando con los ejidatarios que se oponen a la declaración de Peña Colorada como Área Natural Protegida, reafirmaron el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, y el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete, esto pese al conato de violencia que se registró en la reunión de ayer en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín.

“Falta información El gobierno del estado siempre ha estado dando la cara como le corresponde; es una decisión federal. Siempre iremos en contra de la violencia y a base de gritos no entendemos en Querétaro; buscamos la conciliación”, sostuvo el gobernador, mientras que Del Prete agregó que “siempre va a haber un espacio de diálogo y vamos a estar abiertos a la crítica”.

Aun así, el secretario Del Prete recordó que lo mínimo que se pide es respeto en el diálogo y, recordó, tras el conato de violencia que se registró no había condiciones para continuar la mesa, asegurando que se retomará el diálogo.

Al respecto, tanto el gobernador como Del Prete consideraron que el descontento podría tratarse de falta de información por parte de los ejidatarios, pues, argumentó el segundo, no “se afectará” la propiedad de los terrenos y ella podrán seguir explotándolos de forma agraria o ganadera, además de que podrán conservar sus casas.

“Yo creo qué hay una cosa que está atrás de esto echando política, (pero) es un tema de especulación nada más”, subrayó Kuri, mientras que Del Prete coincidió y aseguró que se trataría de desinformación y falta de claridad por parte del gobierno.

Además, este decreto, como última forma de protección tras el de 1995 y 2014, servirá para que los ejidatarios puedan acceder a recursos federales de varias dependencias, entre ellas Conagua, Conafor y Cananp, así como la bolsa de 18 millones de pesos, 5 mil anuales para cada ejidatario, por el valor ambiental que sus tierras brindan a la Zona Metropolitana y agregó que la declaración únicamente prohíbe el desarrollo urbano.

“Lo único que queremos prevenir es el desarrollo Urbano y que se siga manteniendo en las condiciones que está hoy. No es un defecto expropiatorio, nuestro interés es que ellos tengan un beneficio por tener un terreno ambiental”, explicó.