BCS se convierte en el noveno estado en despenalizar el aborto

Baja California Sur se une a la marea verde. Este jueves, el Congreso local aprobó un decreto para garantizar la interrupción legal del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación con 16 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones.

El proyecto discutido en el pleno fue presentado el pasado 26 de mayo como una iniciativa ciudadana de Mónica Jasis Silberg. Antes, en junio de 2021, el Congreso había desechado otro dictamen que buscaba la despenalización del aborto.

La votación ocurrió en un contexto en el que grupos antiderechos se movilizaron para limitar las acciones legislativas: llamadas telefónicas intimidatorias hacia las legisladoras, una infundada petición de someter a discusión pública la validación del derecho a las mujeres a decidir sobre su reproducción y una manifestación antiaborto a las afueras del Congreso.

“Reconocemos el trabajo de las y los legisladores que, pese a la presión de grupos anti derechos, priorizaron el reconocimiento de la interrupción legal del embarazo como un servicio de salud reproductiva fundamental para la garantía de los derechos de las mujeres. También celebramos el respaldo de mujeres defensoras que se manifestaron a favor de la iniciativa en el marco de la discusión”, destacó María Antonieta Alcalde Castro, directora de Ipas Centroamérica y México.

Las y los legisladores aprobaron reformas que adicionan, modifican y derogan diversos artículos del Código Penal local, así como reformas y adiciones a la Ley de Salud del Estado.

En sus argumentaciones, diputadas y diputados a favor de la iniciativa destacaron la necesidad de garantizar el aborto como una forma de combatir la injusticia social, las muertes maternas por abortos inseguros y para garantizar plenamente el derecho a la salud.

“Las mujeres mueren en abortos clandestinos, hay mujeres encarceladas por abortar y las mujeres en desventaja social son quienes más sufren las consecuencias de un andamiaje jurídico que no faculta a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo”, destacó, por ejemplo, la diputada María Guadalupe Moreno Higuera.

Eufrocina López Velasco, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Poder Legislativo local, expuso que criminalizar a las mujeres por decidir libremente sobre sus cuerpos únicamente perpetúa las violencias y violaciones a los derechos históricamente sufridos por las mujeres, especialmente las mujeres indígenas y afrodescendientes, así como las niñas y adolescentes que son víctimas de violación sexual.

“No podemos asumir que todas tenemos las mismas posibilidades para prevenir embarazos. En algunos casos, el aborto es el último camino a las consecuencias de una violación. Estoy a favor del aborto porque he vivido en mi persona la violación a muy corta edad, y sin que nadie me defienda y sin que nadie me apoye para poder sacar adelante a mi hijo. Es difícil salir adelante en la vida y mucho más si nadie te apoya”, concluyó en su discurso ante el pleno.

Las mujeres del estado ahora pueden acceder al aborto por voluntad durante las 12 primeras semanas de embarazo, y también podrán acceder al servicio, independientemente del tiempo de gestación si el embarazo es resultado de una violación o inseminación artificial no consentida, cuando éste provoque un peligro de muerte o afectación grave a la salud de la madre o persona gestante, cuando el producto presente daños físicos o mentales, si el aborto es producto de una conducta culposa o cuando una autoridad hubiese negado a la mujer o persona gestante la posibilidad de interrumpir su embarazo en las primeras 12 semanas de gestación.

La Ley de Salud local establece ahora que las instituciones de salud deberán garantizar en todo momento la presencia de personal médico profesional y de enfermería no objetor para garantizar los servicios, y que el personal sanitario no podrá invocar la objeción de conciencia cuando su ejercicio ponga en riesgo la vida del o la paciente, se trate de una urgencia médica, si provoca una carga desproporcionada para las y los pacientes o cuando se invoque por motivos de discriminación u odio.

Establece también que las instituciones de salud deberán proceder a la interrupción del embarazo en un término no mayor a cinco días a partir de que se presente la solicitud y lo harán de forma gratuita y de calidad, ofreciendo servicios de consejería médica, psicológica y social, así como planificación familiar.

Baja California ha dado un paso importante en materia de derechos humanos. Se suma a las entidades que legislaron sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE): Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019), Veracruz (2021), Hidalgo (2021), Baja California (2021), Colima (2021), Sinaloa (2022) y Guerrero (2022).

Es momento de que el Ejecutivo local implemente las acciones de política pública necesarias para garantizar una provisión de aborto seguro, disponible, con insumos necesarios, personal capacitado y libre de estigma y discriminación.