El decreto del dictador

El pasado 22 de noviembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el cual se declara de “interés público y seguridad nacional” la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México. Estas obras y proyectos abarcan prácticamente todas las modalidades y sectores: en comunicaciones, telecomunicaciones, hidráulicas, ambientales, hídricas, turísticas, de salud, férreas, aeroportuarias, entre muchas otras más, siempre que se les considere por el propio gobierno como prioritarias y/o estratégicas para el desarrollo de México.

¿Qué implicación tiene este acuerdo publicado por la Presidencia de la República? La afirmación de un gobierno totalitario, por el cual, el Estado ejerce el poder sin ninguna restricción y regulación. Mediante la vigencia de este acuerdo el Presidente pretende hacer y deshacer en la ejecución de las obras públicas sin miramiento mínimo a la ley y sin cumplir con los requisitos básicos establecidos por las autoridades de los distintos órdenes y niveles de gobierno, es decir, actuar de manera autoritaria, ilegal y dictatorial. Con este acuerdo se evidencia la instauración progresiva de un despotismo a la mexicana como lo definiera Montesquieu en El Espíritu de las Leyes “el gobierno de uno solo, sin ley ni frenos, que arrastra todo y a todos tras su voluntad y sus caprichos”.

Este decreto significa conceder todo el poder a un solo poder, usando de manera discrecional recursos públicos y pasando por alto los actos de autoridades diversas para cumplir los antojos del presidente. Aunado a ello, se pretende evadir la transparencia, el cumplimiento legal y los requisitos ambientales y administrativos necesarios para la autorización debida de una obra cualquiera. ¿Qué se puede hacer ante este acto perverso de autoridad? La presentación de una acción de clara inconstitucionalidad por parte de los legisladores federales, la interposición de acciones de controversia constitucional a cargo de municipios o autoridades competentes o el uso del amparo. Este acuerdo pinta de cuerpo entero la vocación autoritaria, soberbia y caprichosa con la que el presidente gobierna el país. El decretazo de este 22 de noviembre es el decreto de un dictador en funciones de presidente.