Aguilera promueve ley vs asentamientos irregulares
La iniciativa de Ley presentada este lunes endurecería penas contra fraccionadores
El diputado local José Luis Aguilera Rico presentó este lunes una iniciativa de ley relativa a los delitos cometidos por fraccionadores, con la finalidad de imponer de tres a ochos años de prisión y de 500 a 800 días de salario mínimo de multa, al que fraccione o divida en lotes, transfiera o prometa transferir la propiedad, la posesión o cualquier otro derecho de un inmueble, careciendo del previo permiso de la autoridad administrativa correspondiente o, cuando teniéndolo, no cumpla con los términos en que fue otorgado.
En rueda de prensa, el legislador por Movimiento Ciudadano expresó que con esta propuesta pretende beneficiar a 2 mil 500 familias del estado que actualmente se ven afectadas, ya que al acudir al Ministerio Público, lo único que éste hace es levantar una constancia de hechos, aunado a que la denuncia por el delito de fraude no procede cuando se involucran funcionarios públicos.
“Al día de hoy existen 350 asentamientos irregulares en el municipio de Querétaro, a los que se suman otros tantos en Corregidora, El Marqués y el resto de la entidad. La iniciativa de ley será turnada a la Comisión de Participación Ciudadana, en lugar de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para que a la brevedad pueda ser analizada y dictaminada”, expuso.
De acuerdo con la propuesta de Aguilera Rico, se castigaría penalmente con tres a ochos años de prisión y de 500 a 800 días multa, al tercero que enajene, prometa hacerlo o comercialice lotes que hayan sido fraccionados o divididos, sin contar con el permiso de autoridad administrativa o teniéndolo, no se cumpla con los requisitos prometidos.
La misma pena se aplicaría al servidor público que con idénticos propósitos ilícitos, participe, coopere o expida licencias o permisos de uso de suelo, sin que se cumplan los requisitos que exige la ley de la materia o los autorice sin tener la facultad legal para hacerlo; y se le destituiría definitivamente e inhabilitaría por veinte años para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión público.
