Otra rayita más…

Como presuntos implicados en el delito de secuestro, fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República delegación Querétaro – y consta en el expediente 49/2017 – la Lic. Ma. Consuelo Rosillo Garfias, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro; el Lic. Israel Cerda Girón, Juez Séptimo Penal de Primera Instancia del Sistema Abrogado de Querétaro y otras tres personas más, en agravio del señor Robert Clyde Stidham Ernst, ciudadano norteamericano y a quién, no obstante haber cumplido la prisión preventiva de la persona en cuanto a su tiempo máximo para ser juzgado, lo mantienen privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social Varonil de San José El Alto.

Esta misma denuncia se extiende al señor Gustavo López Acosta, Director del Centro de Reinserción Social Varonil de San José El Alto, a quién consideran como “el autor material” del presunto delito y cómplice del Juez denunciado; a la Lic. Gabriela Ortiz Rojas, Agente del Ministerio Público y o Fiscal asignada al proceso, expediente 27/2011, en calidad de “participativa de cómplice y encubridora del delito denunciado” pero también a la Lic. María o Ma. Teresa Cabrera García, secretaria de acuerdos del citado juzgado, ya que esta persona, “según sus funciones procesales, debió en su momento hace ocho meses atrás, advertir al juez poner en libertad inmediata al inculpado – a Robert Clyde Stidham Ernst – y en su caso continuar con el proceso estando este en libertad y no lo hace por lo que incurre en la comisión de este – posible – delito.

El asunto en cuestión fue presentado ante la Procuraduría General de la República, delegación del Estado de Querétaro y ante el Lic. Julio César Esponda Cal y Mayor, delegado en funciones, por los abogados para este caso Rolando Augusto Ruiz Hernández, a la licenciada Gaddy Yarzeth Guillén Reyes y al doctor Casimiro Perusquía Prado, por parte de la señora Miriam Tappan Gómez esposa del inculpado.

Y es que, sostiene esta señora, “están presionando a mi esposo a que pague la reparación del daño que no cometió y además al que no se le ha condenado a pagar y para que confiese haber cometido el delito de abuso de confianza porque así lo ha hecho saber el juez Israel Cerda Girón y que también lo ha evidenciado en diversos acuerdos dentro del proceso y que obras en autos, a grado de “exteriorisarle” que le impondrá cuatro año de cárcel pero deberá pagar la reparación del daño, esto antes de sentenciar, por lo que el propósito de ese grupo delincuencial comprado por el ofendido, es ese, causarle un daño económico, físico y psicológico al hoy secuestrado, que es una persona de 76 años de edad, mermado en su salud viviendo – sostiene – hacinado” en un lugar que es llamado cárcel y aparentando que “es prisión preventiva”.

Este grupo de abogados sostienen que “ya no existe fundamento legal que motive la causa para tenerlo privado de libertad aparentando que está en prisión preventiva”, pero señalan también los artículos de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que presuntamente violan los funcionarios antes señalados, así como diferentes fracciones del Código Penal del Estado de Querétaro que prevé y sanciona este tipo de posibles delitos “contra la administración de justicia cometido por servidor Público”.

A la Lic. Ma. Consuelo Rosillo Garfias, una de las denunciadas, la señalan “en su calidad participativa de cómplice y encubridora del delito denunciado, al estar al tanto del delito y de los actos delictivos y comisivos del juez mencionado… así como encubridora del delito por no denunciar ante el Ministerio Público o la policía al juez delincuente y además pudiendo ordenar la liberación del secuestrado, no lo hizo y no lo ha hecho, actuando en grupo de delincuencia organizada, conjuntamente con el juez denunciado”.

Así está la situación en este asunto que fue radicado bajo el expediente 49/ 2017 este lunes entre las diez y once de la mañana ante la Procuraduría General de la República, Delegación Querétaro.