A pesar de normatividad que protege sus derechos, personas con discapacidad son vulnerables: DDHQ

A pesar de existir normatividad en materia laboral, educativa y de movilidad en beneficio de las personas con discapacidad, ésta no es aplicada por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, lo que vuelve vulnerables a este sector de la población, aseveró Miguel Nava Alvarado, presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del estado de Querétaro (DDHQ).

Nava Alvarado comentó que en lo que va del año no se ha presentado ninguna queja por la violación de derechos de las personas con discapacidad, aunque insistió en que hay lugares en los que la normatividad no se aplica, como en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez que no es accesible o en el caso de las placas vehiculares especiales que son usadas aun cuando ha fallecido el beneficiado.

“Tenemos distintos señalamientos sobre todo por normatividad, por la falta de aplicabilidad de la ley que tiene que ver con personas con discapacidad, pero no por una queja. Normatividad sí existe, el problema es que la aplicabilidad no hay. Aquí, por ejemplo, si el lugar está reservado para personas con discapacidad, ¿dónde está la autoridad que verifique si el vehículo traslada a una persona con discapacidad?”, mencionó.

El ombudsman queretano señaló que otra de las problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad es la inclusión laboral y recordó que este año se presentó en la defensoría un caso de un joven que laboraba en un restaurante y percibía un sueldo menor, así como sobre explotación, por lo que se canalizó con las autoridades laborales para su atención, al tratarse de particulares.

“Afortunadamente le hicieron caso, ya no regreso a la defensoría, pero esta falta de inclusión en materia laboral es muy fuerte, también por lo que hace en materia de educación. Esto fue en un restaurante que se llama Sushi Itto. Le pagaban muy poco, lo que nosotros hicimos fue canalizarlo con la autoridad laboral, porque nosotros solamente conocemos de violaciones a derechos humanos cuando las autoridades están involucradas”, mencionó.

A este tema se suma la exclusión educativa, puesto que hay primarias donde se brinda la atención a personas con alguna discapacidad; sin embargo, hay pocas opciones de nivel secundaria.

Finalmente, informó que de las 55 personas que trabajan en la defensoría, sólo dos de ellas son personas con discapacidad, motriz e intelectual; una percibe un sueldo de 21 mil y la otra de 8 mil pesos, ambos con todas las prestaciones.