De 90 “anexos” que existen en Querétaro, 50 operan sin estándares médicos adecuados

Adicciones, trastornos mentales o alimenticios, entre muchas otras enfermedades son tratadas en los centros de rehabilitación e inserción social, conocidos como anexos, en los que persiste un vacío jurídico que ha propiciado una ausencia de responsabilidad institucional, que permite que los internos vivan abusos y tratamientos sin el personal capacitado.

De acuerdo con Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) y su titular Guillermo Tamborrel Suárez, en el estado de los 90 centros identificados por el CECA, al menos 50 de ellos deberían de ser clausurados al no contar con estándares médicos adecuados para preservar la integridad física, mental y psicológica de los pacientes; de este número total, sólo 10 cuentan con certificaciones legales, mientras que 30 operan sin avales oficiales, pero funcionan adecuadamente.

Hechos como los suscitados en febrero de 2016, donde a consecuencia de una tortura, murió un joven en un anexo llamado Tercer Paso, Vida y Voluntad, ubicado en la colonia Azucenas, provocan una serie de interrogantes sobre la situación en la que viven estos pacientes, así como sobre la situación jurídica actual, que permite el funcionamiento de estos centros de rehabilitación, donde se comenten violaciones a los derechos humanos, sin que reciban sanción alguna.

Los anexos, de acuerdo con el testimonio de una persona que estuvo internada por un lapso de tres meses, operan como “una mafia”, donde expacientes rehabilitados en los mismos centros son los encargados de tratar a los nuevos ingresos bajo el nombre de “padrinos”, quienes por medio de amenazas a los pacientes y a las familias, consiguen ingresos económicos y donaciones de alimentos.

“Eres una mierda” son uno de los constantes reclamos que escuchan los internos, de acuerdo al testimonio, quien asegura que al ingresar se obliga a firmar una hoja que no se les permite leer, y además se les golpea a los pacientes bajo el supuesto de que esto ayudará a su rehabilitación. Incluso, asegura el testimonio, hay abusos sexuales.

Sin embargo, ¿Cuál es la situación jurídica y cómo son regulados estas clínicas? La Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 para la prevención, – tratamiento y control de las adicciones es la encargada de establecer los procedimientos y criterios para la atención integral de las adicciones. Esta norma es obligatoria a nivel nacional e involucra a centros públicos sociales y privados a cumplir normas de salud mínimas que preserven tanto física como mental de los pacientes.

De acuerdo con María Alemán Castillo Muñoz,  integrante de la LVIII Legislatura y presidente de la Comisión de Salud y Población, esta norma que regula a los centros, que se amparan bajo la figura de asociaciones civiles, es totalmente funcional, pero el problema está en la falta de estricta aplicabilidad.

“Como tal hay una regulación federal, que no olvidemos que es jerárquico, es aplicable y es totalmente funcional el tema más bien tiene que ver con una estricta aplicabilidad de la norma oficial. Ya hay una regulación al respecto, simplemente que la autoridad es la secretaria de salud, tiene que ver que se aplique como tal”, refiere.

De la misma forma, la Unidad de Protección Civil Municipal de Querétaro (UMPCQ) informó que su injerencia en el tema se limita a la revisión de medidas de seguridad en el inmueble, las cuales en su mayoría cumplen, aseguró su titular Fernando Martínez de la Garza, quien señaló que estos se registran como lugares de “mediano riesgo”.

“No nos compete jurídicamente el aplicar el tema de sanción (…) El tema del enfermo es un tema estatal al estar como establecimiento en nuestra municipalidad nos corresponde que cumplan con un estándar y unas medidas de seguridad, que en lo general cumplen”, dijo.

Sin embargo, de acuerdo con CECA, no existe una sanción que pueda ser aplicada a estos centros debido a la legislación deficiente en el tema, que permite que operen personas no capacitas que por ignorancia comenten este tipo de abusos en los tratamientos.

“En el consejo estatal contra las adicciones no tenemos facultad ninguna para sancionar, inspeccionar y demás, los que tienen facultad es en municipio es Protección Civil y Regulación Sanitaria. Nosotros no podemos hacer nada, parece mentira, pero no podemos hacer nada (…) Si hay una legislación deficiente y esa legislación deficiente permite que operen personas que no tienen la capacidad para hacerlo”, sostiene.

La persona que brindó su testimonio a Códice Informativo recordó que se mantuvo internado en uno de estos centros ubicados bajo el cuidado del “El Padrino Rufino”, y concuerda con el titular del CECA al señalar que la ignorancia es el principal factor que permite que continúen operando estos centros, que también se han convertido en una alternativa de vivienda para quienes no tienen hogar.

Al igual que el titular del CECA, el testimonio, asegura que más allá de eliminar estos centros de rehabilitación, estos deberían de regularse, pues muchas familias prefieren internar a los enfermos de diferentes trastornos al no conocer y no lograr mantenerlo fuera de las adicciones.

“Lo que debería de existir y lo que el gobierno debería de proveer, (…) lo que el gobierno tiene que proveer son opciones de rehabilitación para las personas que padecen adicciones, opciones de rehabilitación con buenas condiciones”, indica.

Sin embargo, mientras las modificaciones legales llegan, el titular del CECA sostiene que aún quedan al menos 50 centros de rehabilitación en el estado que operan fuera de toda norma.

“Lo he dicho y hoy te lo reitero hay 50 bombas de tiempo que en cualquier momento estallan (…) El reto es que todos vayan funcionando de una manera más profesional que dejen de ser anexos para convertirse en centros integrales de prevención y tratamiento”, concluyó Tamborrel.