Abogados de Querétaro piden a la Corte Interamericana frenar la Reforma Judicial en México
El senador Agustín Dorantes Lámbarri y la presidenta del Colegio de Abogados Litigantes, Mayela Portos, encabezaron un llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para suspender la Reforma Judicial. Los abogados advierten que la propuesta politizaría el sistema judicial y vulneraría la independencia de los jueces, en detrimento de los derechos humanos y la división de poderes en el país
La Reforma Judicial debería ser suspendida, por lo que se escribió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, informaron en rueda de prensa Agustín Dorantes Lámbarri, senador de la República, y Mayela Portos, presidenta del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro.
Los abogados leyeron este comunicado y pidieron a la presidenta de la Corte Interamericana, Nancy Hernández López -quien visita el estado para dar una charla en el Tribunal Superior de Justicia de Querétaro- intervenir en el asunto. Entre las organizaciones firmantes se encuentran ANADE Querétaro, BMA, y el Colegio de Doctores y Posgraduados en Derecho y Ciencias Jurídicas de Querétaro A.C.
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En el posicionamiento, se destaca que la reforma judicial pretende la elección de jueces por voto popular y la destitución masiva del poder judicial actual, lo que, aseguran los firmantes, vulneraría el principio de división de poderes y provocaría una politización del sistema judicial en detrimento de la independencia judicial y la protección de los derechos humanos en México.
“Los jueces no deben responder a mayorías ni minorías”, señala el comunicado, enfatizando que la judicatura debe contar con el nivel más alto de independencia para proteger los derechos fundamentales.
Por su parte, el senador Dorantes Lámbarri señaló que esta reforma deja de lado también una reforma integral a las fiscalías no contempla una elección de jueces de acuerdo a su experiencia y estudios académicos; y pone en peligro la independencia del Poder Judicial federal.
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Los abogados citan precedentes de la Corte Interamericana, como el caso del Tribunal Constitucional vs Perú, para subrayar la importancia de mantener garantías específicas para los jueces, incluyendo la inamovilidad en el cargo y la protección frente a presiones externas.
Asimismo, destacan los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura, recordando que cualquier medida que afecte a los jueces debe seguir procesos claramente establecidos, respetando su independencia y permanencia en el cargo.