Aprobada la ‘Ley Paola Buenrostro’ en CDMX; un paso para reconocer los transfeminicidios

El Congreso de la Ciudad de México aprobó recientemente la Ley Paola Buenrostro, un hito en la legislación nacional que tipifica el transfeminicidio como delito, con penas que van desde 35 hasta 70 años de prisión. Esta ley fue impulsada por los activistas Kenya Cuevas y el diputado Temístocles Villanueva, quienes han trabajado arduamente para visibilizar y sancionar los crímenes de odio cometidos contra mujeres trans debido a su identidad o expresión de género.

La ley establece específicamente que comete el delito de transfeminicidio “quien, por razón de identidad de género o expresión de género, prive de la vida a una mujer trans o una persona cuya identidad o expresión de género, real o percibida, se encuentre dentro del espectro femenino de género”. Además, agrava las penas en situaciones particulares, como cuando el asesinato ocurre en el contexto del trabajo sexual o cuando existen signos de saña relacionados con la identidad de género de la víctima.

Además de las penas de prisión, la Ley Paola Buenrostro también incluye sanciones para los servidores públicos que obstaculicen la justicia, estableciendo penas de 3 a 8 años de prisión y multas de 500 a 1500 días. Esta disposición busca garantizar que los procesos judiciales sean llevados a cabo sin interferencias malintencionadas y con el respeto debido a las víctimas y sus familias.

La iniciativa lleva el nombre de Paola Buenrostro, una mujer trans asesinada en 2016, cuyo caso quedó impune a pesar de que el agresor fue detenido poco después del crimen. Kenya Cuevas, amiga de Paola y testigo del asesinato, ha sido una figura clave en la lucha por la aprobación de esta ley. Su trabajo incluye la creación de la Casa de las Muñecas Tiresias, una organización que ofrece apoyo integral a mujeres trans en situación de vulnerabilidad.

La ley también tiene una perspectiva integral, ya que establece medidas para evitar la revictimización de las víctimas durante las investigaciones. Los funcionarios públicos están obligados a seguir protocolos estrictos para tratar a las personas de la comunidad LGBTTTI, evitando prejuicios y estereotipos de género. Además, se reconoce a la “familia social” de la víctima, permitiendo a amigos o compañeros cercanos reclamar el cuerpo en caso de que no sea reclamado por familiares biológicos.

Clara Brugada, jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, celebró la aprobación de la ley y reafirmó su compromiso de trabajar por una ciudad sin crímenes de odio. Recordó que en Iztapalapa, la alcaldía que gobernó previamente, se construyó el Mausoleo Tiresias en honor a Buenrostro, un espacio para garantizar un descanso digno a las víctimas de transfeminicidio y enviar un mensaje claro contra la violencia hacia las personas trans.