50 servidores públicos sentenciados por delitos de corrupción: Benjamín Vargas
La pena que comúnmente se aplica es de cinco años en prisión, aunque en diversos casos, únicamente se hace el pago de la reparación del daño y la inhabilitación
El fiscal especializado en el combate a la corrupción, Benjamín Vargas, declaró que en los aproximadamente siete años de existencia de su fiscalía se han tenido a 50 servidores públicos que han cumplido con una sentencia y reparación del daño por cometer delitos de corrupción.
También agregó que durante el lapso de tiempo mencionado, se ha logrado tener una recuperación de activos de 140 millones de pesos, por lo que Vargas especificó que, mayormente de las personas sancionadas en su fiscalía son servidoras públicas, sin embargo, sí se han sancionado a particulares.
“Mira, aproximadamente ya llevamos siete años casi de inicio en operaciones en la fiscalía de anticorrupción, estamos hablando de 50 personas sentenciadas” respondió al ser cuestionado sobre la cantidad de servidores públicos procesados.
Señaló que en diversas ocasiones se le permite a la persona involucrada con delitos de corrupción el llevar su proceso en condición de libertad.
También especificó que la pena que comúnmente se aplica es de cinco años en prisión, aunque en diversos casos, únicamente se hace el pago de la reparación del daño y la inhabilitación, ya que mantener a la persona procesada en el Cereso puede resultar más caro, por el hecho de que el mantener a una persona en el lugar cuesta 500 pesos aproximadamente.
“Mayormente son servidores públicos, pero también ha habido gente de carácter particular”, indicó.
A pesar de lo anterior, comentó que la persona queda con un antecedente penal que le puede impactar de forma negativa en algunos empleos.
También añadió que se han tenido casos de particulares que buscan sobornar al un elemento de policía, y también policías ya han tenido actos de corrupción.
“Un interno nos costaba 500 pesos en impuesto a los ciudadanos, si lo quieres 10 años en provisión a una persona, échale cuentas, en cambio tenemos un proceso, tenemos una inhabilitación y una reparación del daño” detalló.
Específico que, cuando una empresa se ve involucrada en este tipo de delitos, se pide la sanción del administrador o directivo y la disolución de la empresa.
