Estado mexicano no ha logrado contrarrestar violencia contra periodistas: Segob
Son seis las entidades en las que se ha concentrado históricamente el asesinato de periodistas
Mueren por heridas causadas por arma de fuego dos periodistas en Veracruz.
El estado mexicano no ha sido capaz de contrarrestar y atacar las causas que provocan la violencia en contra de los periodistas y activistas, aseguró el titular de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque Palazuelos.
Al respecto, reveló que, entre diciembre de 2006 y mayo de este año han asediando a 255 periodistas en México, de los cuales 58, el 22 por ciento, se han dado solamente en los 3 primeros años de este gobierno.
“Hasta la fecha el Estado mexicano no ha sido capaz, no solamente de contrarrestar los efectos de las agresiones, sino que tampoco hemos podido penetrar a cuáles son las causas que detonan los riesgos, amenazas y agresiones para periodistas y defensores”, lamentó el funcionario.
Al respecto, informó también que son seis las entidades en las que se ha concentrado históricamente el asesinato de periodistas, Veracruz, Sonora, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y el Estado de México. Este sexenio, casi el 60 por ciento de los asesinatos de periodista se concentra en estas entidades.
Al respecto, recordó que el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos ha erogado un presupuesto de mil 200 millones de pesos de los 388 mil que se tienen presupuestados para el año, esperando que para el final del sexenio el presupuesto a dicho organismo alcance los mil 600 millones de pesos.
Este presupuesto se utiliza para que las personas protegidas tengan alguno de los casi mil 300 botones de pánico, 66 servicios de escolta con 251 elementos y mantener los 82 refugios de seguridad y 438 domicilios con infraestructura.
En ese sentido, destacó a la impunidad como una de las problemáticas que suman a que el país sea uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo y activismo, por lo que recordó que “son las fiscalías generales a las que les toca garantizar el acceso a la justicia, la verdad y la reparación” de las personas que son víctimas.
“El costo de no abatir la impunidad es que hay una repetición crónica de las agresiones. Por más que podamos construir una política pública en materia de protección, si la impunidad no la logramos resolver, todo lo demás será infructuoso”, puntualizó el funcionario.
