Ceresos de Querétaro, entre los menos corruptos del país: INEGI

Pese a una evaluación del INEGI en cuatro penales en el estado de Querétaro, donde se determinó que 46.5 de la población detenida señaló haber sido víctimas de un delito dentro del centro, los reclusorios de la entidad se colocaron dentro de los índices más bajos en lo que se refiere a actos de corrupción y percepción de inseguridad.

Por su parte el reporte del instituto hace referencia a que el 28.8% de la población refirió haber sido sentenciada por algún delito de manera previa a su reclusión actual.

Los resultados a nivel nacional de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), destacaron que el 48.6% de la población privada de la libertad recibió agresiones físicas al momento de su detención.

A su vez el 25.9 por ciento de la población de los 203 centros evaluados admitió sentirse insegura al interior del centro penitenciario.

Por su parte 17.2% de la población privada de la libertad ha experimentado al menos un acto de corrupción durante su estancia en el centro penitenciario y 34.1% de la población fue víctima de algún delito al interior del centro penitenciario entre julio de 2020 y julio de 2021.

De la población que se encontró presa entre junio y julio de 2021 en Centros Penitenciarios Estatales y Federales, 19.1% fue detenida mediante una orden de detención, mientras que 9.3% fue detenida en flagrancia, esto es, durante la comisión del presunto delito.

La población con cuatro años o menos de haber ingresado al centro penitenciario se ubicó en 39.5 por ciento. De igual forma, 36% de la población privada de la libertad fue detenida por la Policía Ministerial o Judicial.

Cabe remarcar que de acuerdo a la encuesta el 48.6% de la población privada de la libertad recibió agresiones físicas al momento de su detención. Entre estas acusaciones el 38.4% de quienes sufrieron agresiones físicas señaló haber recibido patadas o puñetazos por parte de la policía o autoridad que la detuvo, mientras que 23% mencionó haber sido asfixiada o ahorcada.

Resulta alarmante que el 15.5% de la población de mujeres que sufrió agresiones físicas, señaló haber recibido agresiones sexuales por parte de la policía o autoridad que la detuvo; y 4.8% fue víctima de violación sexual durante su detención.

Los resultados son un importante diagnóstico para determinar las áreas de oportunidad en torno a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en las 32 entidades federativas.