¿Conoces la diferencia entre la despenalización y la legalización del aborto? 

En el marco de acción global por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, diversas colectivas feministas en Querétaro se dieron a la tarea de explicar qué implica el dictamen emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y por qué es un precedente relevante pero no una solución.

La despenalización y la legalización del aborto son conceptos distintos. A inicios de septiembre, la SCJN aprobó y emitió una resolución que establece que ninguna mujer o persona gestante puede ser encarcelada por interrumpir su embarazo.

Lo anterior siembra un precedente a nivel nacional, al implicar que ningún juez local puede juzgar a una mujer ni dictar una sentencia penal que derive en la privación de su libertad por interrumpir su embarazo.

Ante ello, es necesario comprender que cada estado tiene sus propios códigos penales y civiles:

“Aquí en Querétaro se incluye dentro del Código Penal el capitulo 5, en el que se toca el tema del aborto y todas la situaciones bajo las cuales está penado”, explicaron las integrantes de las colectivas.

El Código Penal de Querétaro está clasificado como el segundo más restrictivo a nivel nacional y ante lo emitido por la SCJN solo protege de ser encarcelada, pero no evita que se cree una carpeta de investigación en contra de la persona que ha decidido interrumpir su embarazo.

“Lo que se está buscando es que se modifique este Código, mantenerlo pero en un sentido en el que se proteja la voluntad de la persona gestante”, declararon las voceras del movimiento activista por los derechos reproductivos en el estado.

El aborto es voluntario, la ley debe velar por la seguridad y el respeto a las decisiones de las mujeres sobre su cuerpo. La modificación al Código Penal, busca garantizar que no exista ningún tipo de sanción, averiguación o sanción para quienes deciden abortar, así como para quienes llevan a cabo el proceso.

La legalización, por otra parte, es un paso que va más allá de la no penalización y contempla un papel más activo del estado, en el que se asume a la interrupción del embarazo como un derecho intrínseco a lo que se conoce como salud reproductiva. Esto implica que sea un proceso que se ofrezca de manera segura y gratuita en los centros de salud públicos.

La activistas reconocieron que el derecho a poder decidir sobre el propio cuerpo, es un proceso complejo que va mas allá del aborto. En nuestro país la violencia sobre el cuerpo de las mujeres -tan sólo en materia de salud- es enorme. 

Esterilizaciones forzadas, colocación de dispositivos intrauterinos y cesáreas sin consentimiento de la paciente, son algunos de los ejemplos que permiten vislumbrar  la magnitud del problema y la cantidad de trabajo que tienen las autoridades por delante para atender y dar resolución a las demandas de la sociedad.