Pandemia por COVID-19 generó 1.4 millones de embarazos no planeados en 114 países

Casi 12 millones de mujeres de 115 países perdieron el acceso a los servicios de planificación familiar, lo que originó 1.4 millones de embarazos no planeados, informó  el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en el documento “El impacto de la COVID-19 en la planificación familiar: lo que sabemos a un año del inicio de la pandemia“.

“El efecto devastador que la COVID-19 ha causado sobre la vida de millones de mujeres y niñas en el último año enfatiza lo vital que resulta asegurar la continuidad de los servicios de salud reproductiva”, refirió el organismo.

El UNFPA,  detalló que en los 115 países de ingreso mediano y bajo estudiados, las mujeres se enfrentaron a una media de interrupción de los servicios de planificación familiar de alrededor de 3.6 meses en el último año, lo que indicó que muchos sistemas sanitarios fueron lo suficientemente resilientes para adaptarse y seguir prestando los servicios. Las peores interrupciones se concentraron, en gran parte, en los meses de abril y mayo.

A nivel mundial, en casi veinte años, la prevalencia del uso de anticonceptivos modernos en mujeres en edad reproductiva ha sido lenta, pues amentó apenas un 2.1 por ciento, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los indicadores de la OMS demuestran que en el 2000, el 55 por ciento de mujeres en edad reproductiva utilizaban algún método anticonceptivo, mientras que para el 2019, lo hacían 57.1 por ciento.

“Entre los motivos de este lento aumento figuran la escasa oferta de métodos; el acceso limitado a los servicios de planificación familiar, sobre todo por parte de las personas jóvenes, con menos recursos y solteras; el miedo a las reacciones adversas, que a veces se han sufrido con anterioridad“, apuntó la OMS en junio del 2020, a propósito del Día Internacional de la Planificación Familiar, que se conmemora cada 3 de agosto.

De acuerdo con el organismo, a estos factores se le suma la oposición por razones culturales o religiosas; la mala calidad de los servicios disponibles; los prejuicios de usuarios y profesionales contra algunos métodos, y los obstáculos por razón de género para acceder a los servicios.

Aunado a esto, se calcula que en 2019 había mil 900 millones de mujeres en edad reproductiva en el mundo, entre 15 y 49 años, de las cuales mil 112 millones precisan planificación familiar. De ellas, 842 millones utilizan métodos anticonceptivos y 270 millones tienen necesidades desatendidas en materia de anticoncepción.

Diversos organismos internacionales han señalado que la pandemia por COVID-19, ha traído grandes repercusiones para garantizar la salud pública y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.

A nivel regional, el UNFPA, en su informe “El impacto de COVID-19 en el acceso a los anticonceptivos en América Latina y el Caribe“, publicado en agosto del año pasado, refirió que “en el contexto de la pandemia de la COVID-19, el acceso y uso de anticonceptivos es crítico“.

“Se estima que el número de adolescentes sexualmente activas que desean evitar un embarazo y con necesidades insatisfechas de anticoncepción podría incrementarse de 29.6 por ciento a 35.5  por ciento en un escenario moderado, cifra susceptible de elevarse hasta 38.4 por ciento en un escenario pesimista a raíz de la contingencia sanitaria“.

Lo anterior, daría lugar a 191 mil 948 embarazos no deseados  o no planeados de adolescentes en el primer escenario y hasta 202 mil 770 en el segundo escenario.

Para el UNFPA,  estos datos sobre la falta de acceso a métodos anticonceptivos, es resultado de las disrupciones en la cadena de suministro de anticonceptivos, por ejemplo, la reducción en la fabricación de componentes farmacéuticos clave, así como las demoras en envíos internacionales de productos anticonceptivos terminados.

Asimismo, la decisiones sanitarias que alteraron el funcionamiento de los sistemas de servicios de salud, como la suspensión o reducción de los servicios no vinculados directamente a la atención de la pandemia, la desviación de equipo y personal a la respuesta a la pandemia, así como la reducción de la oferta por carencia de equipamiento de protección personal.

Además,  la retracción en la demanda de servicios de salud sexual y reproductiva debido al temor de la  población a acudir a los centros de salud por riesgos de contagios así como a las restricciones de movilidad.