Desarrollismo, calentamiento global y nacionalismo, retos para las comunidades indígenas

El mundo indígena está en una condición de encrucijada, más allá de que podemos hacer discursos, y podamos apelar a buenas razones para su reconocimiento. Los procesos de construcción social, dominación y angustia que se viven, lo que buscan es estabilizar, homogeneizar y no admitir las diferencias de procesos en dichas comunidades: procesos históricos que suelen ser si no castigados, sí acotados, consideró el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz.

Durante su ponencia “Retos y perspectivas del derecho indígena”, el abogado detectó tres desafíos importantes para el reconocimiento y la obtención de derechos para las comunidades indígenas.

El primero se trata de una vuelta sutil hacia el desarrollismo; es decir, la idea de que es importante generar crecimiento, empleo y recursos económicos, en muchas ocasiones, en contra de la naturaleza.

En este primer punto, puso como ejemplo las decisiones que han tomado líderes importantes del mundo como Donald Trump, Jair Bolsonaro o algunas que se han tomado en México. Las propuestas de estos líderes, son planteadas en los espacios de las comunidades indígenas, donde tienen sus asentamientos y donde se generan sus cosmovisiones.

El segundo reto es que, hasta ahora, no se han planteado acciones generales para frenar, detener o disminuir el calentamiento global.

Como tercer reto, identificó al nacionalismo, esa búsqueda que se presenta en el mundo y en léxico donde, para efectos de construir una imagen de unidad política, se busca construir una idea de homogeneidad social y política.

“Esto genera afectación a pueblos y comunidades, porque debemos volver al viejo esquema de que todos somos iguales, que todos estamos en la misma condición y no tenemos que hacer diferencia entre unos y otros”, sostuvo.

Levantamiento del EZLN, origen del reconocimiento

El reconocimiento de las comunidades indígenas surgió en 1994, con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), reclamaba que también se les hiciera parte de la cara de modernidad y de homogeneidad que, en ese momento, presentaba el gobierno mexicano con la firma del Tratado de Libre Comercio.

En 1994, los juristas pensaban que reconocer a los pueblos indígenas, aceptar lo que pedía el EZLN, era ir a la balcanizacion del país y romper la unidad del estado nacional.

Finalmente, con los Acuerdos de San Andrés, empezó a discutirse cómo el nuevo mundo se insertaría en un nuevo orden jurídico nacional, lo cual también consideró como uno de los principales retos.

La amalgama del movimiento se dio con el artículo segundo constitucional, en el cual se otorgan ciertos puntos como el reconocimiento del país como un pueblo pluricultural, en el que se reconoce a los indígenas y, hasta este abril de este año, se incluyó también a los afromexicanos; sin embargo, todavía existen limitaciones.

“Queda corto que la idea de que los pueblos y comunidades, para poder tener existencia política, deben hacerse de los Ayuntamientos. Es una de las formas de reducción (…) que los pueblos se tuvieran que acoplar al artículo 115 constitucional, pues no existen otras maneras en las cuales los pueblos indígenas puedan actuar políticamente. Pueden actuar de maneras diferentes a través de las consultas y de las presencias de reivindicación lingüística”, sostuvo, pero también lo calificó como una reducción de sus derechos.

Otra de las limitaciones, expuso Cossío Díaz, es que existe una tensión extraordinaria y no resuelta de que a los pueblos y comunidades se les va a reconocer el ejercicio de usos y costumbres, para efectos de que cierto tipo de problemas, asuntos, conflictos o litigios los resuelvan conforme a esos usos y costumbres.

“Me parece que después del ‘boom’ del EZLN, la reforma al artículo segundo constitucional, me parece que eso se ha ido reduciendo, se ha ido acotando para efectos de que menos cosas puedan ser reconocidas como usos y costumbres y ser reconocidas, a su vez, por el orden jurídico nacional, como formas válidas producción del derecho”, puntualizó.