Centro de Conciliación Estatal requerirá 60 mdp para su primer año de operación: ST

La construcción de un Centro Estatal de Conciliación como parte de las reforma de justicia laboral representaría al menos una inversión cercana a los 60 millones de pesos, destinados a infraestructura y la contratación de personal por un año, señaló José Luis Aguilera Rico, secretario del Trabajo (ST) del estado de Querétaro.

Lo anterior, en el marco de la Mesa de Diálogo para la Implementación de la Reforma del Sistema de la Justicia Laboral, en el que detalló que al menos el 88 por ciento del presupuesto anual de la Secretaría se destina al pago de la nómina, por lo que la liquidación de los trabajadores de las juntas locales de conciliación y arbitraje representarían una erogación de 11 millones 741 mil pesos. Dichos recursos, agregó, no los tiene la secretaría.

“Se impone la obligación de implementar el Centro de Conciliación Estatal dependiente de la Secretaría del Trabajo, lo que significa una inversión en infraestructura y personal de aproximadamente 60 millones de pesos el primer año. Cabe resaltar que este centro de conciliación atenderá al 100% de los asuntos laborales que se generen en el estado y que deberá tener presencia en los partidos judiciales en los que se instalen los juzgados de lo laboral”, dijo.

Aguilera Rico expresó que además de los recursos para este centro y la liquidación de personal, la Secretaría del Trabajo requerirá recursos para la digitalización de más de 34 mil 800 expedientes vigentes en las juntas especiales de conciliación, y añadió que, de acuerdo con estimaciones realizadas, el Poder Judicial tendrá que erogar aproximadamente 500 millones de pesos para la infraestructura de nuevos juzgados, una sala especial de lo laboral, contratación de personal y capacitación del mismo.

Esta reforma, expresó, representa una inversión, no contemplada, de entre 5 y 7 mil millones de pesos a aplicarse en todo el país, que no fueron contemplados en la reforma de justicia laboral, por ello, exigió el diseño de un “presupuesto real” para hacer frente a estos cambios en la materia.

Durante esta mesa, Luis Bernardo Nava Guerrero, jefe de la Oficina de la Gubernatura, dijo que no se trata sólo de una tarea de armonización, sino de un cambio de modelo de justicia laboral que implica varias modificaciones; sin embargo, refirió que el estado trabajará al respecto para ser ejemplo a nivel nacional como lo fue con la implementación del sistema de justicia penal.

En tanto, Consuelo Rosillo Garfias, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), subrayó que para que esta reforma sea exitosa es necesario trabajar en un modelo gradual que permita una implementación ordenada que privilegie la transparencia jurídica, pues se trata de un cambio sustancial del modelo de justicia laboral.