CNDH: de procuraduría alterna a observador oficial

El 21 de mayo de 1990, en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Norma Corona fue abordada por una camioneta con sujetos armados. Ella sabía que su vida corría peligro por la naturaleza su oficio. Era abogada defensora de los Derechos Humanos, presidenta de la entonces Comisión de los Derechos Humanos de Sinaloa, un organismo de la sociedad civil precursor en el tema en una época en donde no existían instituciones públicas dedicadas a ello.

Norma Corona fue asesinada. Llevaba semanas investigando el secuestro y asesinato del abogado Jesús Alfonso Güemes Castro y de tres estudiantes venezolanos. Entre sus hallazgos, descubrió que el crimen tenía que ver con una disputa entre dos cabecillas rivales del narcotráfico de la época: el venezolano Eduardo Clavel y Héctor Luis ‘El Güero’ Palma; este último habría sido el que ordenó el asesinato de la activista.

Human Rights Watch consideró emblemático este crimen dentro de la administración del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, quien arrastraba una profunda falta de legitimidad tras las acusaciones de fraude electoral en 1988. Además, representaba a un régimen en crisis que para entonces llevaba 60 años ininterrumpidos en el poder y los secretos de los años oscuros de la ‘guerra sucia’, en la que organismos del Estado utilizaron la violencia para reprimir el desencanto social posterior a los eventos del 68, comenzaban a salir a la luz.

En ese contexto, el presidente ordenó la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que dirigió el prestigioso abogado Jorge Carpizo McGregor, quien fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entre 1985 y 1989.

CNDH, una procuraduría alterna

La primera tarea a la que se abocó la CNDH fue a resolver el asesinato de la activista Norma Corona. Para tal efecto, este organismo, que resultó de la evolución de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, creada el 13 de febrero de 1989, se constituyó como una especie de procuraduría alterna al servicio del presidente Salinas, quien buscaba limpiar la imagen de su administración utilizando una nueva institución, libre de la podredumbre en la que se encontraban los servicios ministeriales, y con el buen nombre de un funcionario público como Jorge Carpizo.

Las investigaciones de la CNDH dieron con Mario Alberto González Treviño, comandante de la Policía Judicial Federal en el estado de Sinaloa, quien fue acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Norma Corona. Además, otras cinco personas, entre ellas agentes ministeriales, fueron encontradas culpables del crimen por su participación material.

Los presuntos responsables abordaron a Norma Corona cuando salía de la UAS a bordo de una camioneta Cheyenne, con placas AJ0043. La idea era secuestrarla, pero la activista se resistió. Uno de los cinco autores materiales, el entonces agente ministerial Jacobo Isaac Chávez Lafarga le disparó en cuatro ocasiones, lo que le provocó la muerte instantánea.

A pesar de los resultados de la investigación por parte de la CNDH, hasta hoy se sigue considerando que el crimen quedó parcialmente impune, pues se cree que existió la participación de funcionarios públicos de alto nivel. Mario Alberto González Treviño, el más visible entre los acusados, está recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La consolidación institucional

La experiencia de la CNDH en la investigación del asesinato de la activista Norma Corona ayudó a despresurizar la crisis política del momento. Pero cuando la presión disminuyó, el organismo creado por el presidente Salinas seguía allí y tenía que encontrar un nuevo horizonte.

Fue así como comenzó la consolidación institucional de la CNDH, que se convirtió en el organismo encargado de vigilar la actuación de las instituciones del Estado, sobre todo aquellas abocadas a la seguridad, para que sus actuaciones se mantengan en el marco del respecto a los Derechos Humanos.

Una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992 adicionó el apartado B del artículo 102, con el que se elevó a la CNDH a rango constitucional y bajo la naturaleza jurídica de un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dándose de esta forma el surgimiento del llamado Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos.

Jorge Carpizo dejó la CNDH el 4 de enero de 1993, cuando fue convocado por el presidente Salinas para hacerse cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), con lo que se volvió, ahora sí de manera formal, en investigador de delitos. Duró poco más de un año, pues el presidente lo hizo titular de la Secretaría de Gobernación en medio de la mayor crisis política de su sexenio: el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

La CNDH obtuvo completa autonomía presupuestaria y de gestión con una reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999.

Los ombudsman: unos notables, otros señalados

Por el cargo de titular de la CNDH han pasado notables juristas que son recordados con disímiles ánimos.

Tras Jorge Carpizo, y ya con la CNDH como un órgano descentralizado, Jorge Madrazo Cuéllar tomó las riendas. Con él inició una importante tradición de titulares del órgano nacional de Derechos Humanos provenientes del grupo cercano a Jorge Carpizo, y con origen en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Jorge Madrazo presidió este organismo académico durante siete años. Fue presidente de la CNDH entre el 14 de enero de 1993 y el 26 de noviembre de 1996. Su administración se vio interrumpida entre junio y noviembre de 1994, cuando fue designado como el segundo Comisionado para la Paz en Chiapas, en sustitución de Manuel Camacho Solís. Durante esos meses, como interino, se hizo cargo de la CNDH Carlos Rodríguez.

Su suerte como Comisionado de la Paz fue más bien negativa. Nunca se sentó con los liderazgos del EZLN y trató de impulsar un gran pacto político entre las organizaciones de la entidad, el cual nunca fue apoyado por los indígenas. Casi seis meses después de su designación, regresó a la CNDH en donde permaneció hasta el 26 de noviembre de 1996, cuando el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León lo designó titular de la PGR.

En este cargo, enfrentó la más grande crisis política y social de la administración de Zedillo: la Matanza de Acteal, el 22 de noviembre de 1997, en la que un grupo paralimitar asesinó a 45 indígenas tzotziles en Acteal, Chiapas. 79 indígenas fueron sentenciados a prisión, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ordenado la liberación de al menos 79 de ellos, pues se acusó a la PGR de fabricar testimonios y obtener pruebas de forma ilegal.

De forma interina, José Luis Ramos Rivera se hizo cargo de la CNDH entre el 27 de noviembre de 1996 y el 7 de enero de 1997, cuando fue designada como presidenta Mireille Roccatti Velázquez. La académica de la UNAM y del Tecnológico de Monterrey fundó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México entre 1993 y 1996,  y  como presidenta de Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos realizó una clasificación histórica, de manera cronológica, del reconocimiento de los Derechos Humanos en el orden jurídico de los estados del país.

Como titular de la CNDH, emitió una recomendación especial a la PGR, dirigida por su antecesor como titular de Derechos Humanos, sobre el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, con lo que el tema comenzó a tomar notoriedad nacional e internacional. Dejó el cargo el 13 de noviembre de 1999. En 2005 fue designada como fiscal especial para los feminicidios de Ciudad Juárez, pero dejó el cargo tan solo tres meses y medio después para hacerse cargo de la Secretaría de Ecología del gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México.

El 16 de noviembre de 1999, fue designado como presidente de la CNDH José Luis Soberanes Hernández, quien entre 1990 y 1998 había sido también director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es, hasta ahora, el que más tiempo ha sido titular de la CNDH, pues dejó el cargo el 15 de noviembre de 2009, 10 años después de asumirlo, tras haber sido ratificado en 2005.

Con Soberanes, la CNDH rompió la intrínseca relación con la PGR que nació con Jorge Carpizo y continúo con Jorge Madrazo. No solo no estuvo nunca al frente del órgano ministerial, sino que se convirtió en acérrimo su crítico.

Sin embargo, fue criticado por oponerse a la ley que permite el aborto antes de las 12 semanas de gestación en el entonces Distrito Federal mediante una impugnación ante la SCJN. Su postura ‘a favor de la vida’ se consideró un guiño al entonces gobierno federal panista.

José Luis Soberanes, además, apoyó la llegada de su sucesor Raúl Plascencia Villanueva, quien rompió con el linaje de Jorge Carpizo y a la fecha, es el peor recordado de los titulares de la CNDH.

Durante cinco años en el cargo, desde el 16 de noviembre de 2009 y hasta el 15 de noviembre de 2015, fue fuertemente criticado por un amplio sector de activistas por mostrarse omiso o tibio ante la escalada de violencia en el marco de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’, y por su actuación en casos emblemáticos como la desaparición de migrantes en San Fernando, Tamaulipas,  en 2010, y los asesinatos extrajudiciales de Tlatlaya, así como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el año 2014, en el que también fue criticado por la adquisición de una propiedad con un valor de 20 millones de pesos.

A finales de 2014, en plena campaña para su reelección, se constituyó el Comité Ciudadano para la recuperación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del que formaron parte 85 organizaciones que abanderaron la campaña #NoMásConPlascencia.

A pesar de presentarse ante el Senado de la República, Raúl Plascencia no fue reelecto y desde el 16 de noviembre de 2014 el titular de la CNDH es Luis Raúl González Pérez, quien fuera Abogado General de la UNAM, y quien desde 2009 había sido apoyado por Jorge Carpizo pero superado por Plascencia.

Entre 1996 y 2001 fue subprocurador especial de la PGR por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, y fue el encargo de concluir con la hipótesis del “asesino solitario”, el confeso Mario Aburto.

Un tibio observador

La CNDH es una institución esencial en la historia política de México. Permitió poner como parte del debate público a los Derechos Humanos, sobre todo desde la perspectiva del control de la actuación de las instituciones del Estado. Su nacimiento coincide con una escalada en la organización civil a favor de las causas sociales y, sin duda, forma parte de la desarticulación del viejo régimen absolutista.

Sin embargo, su papel aún es cuestionado pues este ha sido más bien anecdótico ante el crecimiento de la violencia y la clara evidencia del protagonismo que han tenido las instituciones del Estado en dicho escenario. La sensación general sobre la CNDH es que actúa como un tibio observador que, por desidia o por falta de herramientas jurídicas, no tiene la fortaleza para hacer frente a la grave crisis de violación a los Derechos Humanos que azota a México.

Han sido organismos de la sociedad civil, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, los que han asumido el papel de protector de víctimas y les ha acompañado en sus batallas jurídicas contra el Estado.

A punto de cumplir tres décadas de existencia, y con una historia casi generalizada de cercanía al poder político, la CNDH deberá asumir una reestructura institucional y una postura disruptiva con el estatus si se espera que su papel sirva para despresurizar, como a principios de los 90´s, la crisis social que vive el país.