Comparece Miguel Nava ante la Junta de Concertación Política de la LVIII Legislatura

Este lunes 5 diciembre compareció Miguel Nava Alvarado ante la Junta de Concertación Política de la LVIII Legislatura del estado con el objetivo de exponer cuál ha sido el trabajo que ha realizado a casi cinco años al frente de la Defensoría de Derechos Humanos del estado de Querétaro (DDHQ); con esta comparecencia, comenzó el proceso en el que se decidirá si se le ratifica en el cargo o no.

De acuerdo con la ley orgánica del Poder Legislativo, en el artículo 142 bis, correspondiente al procedimiento para la ratificación y remoción de funcionarios electos por la Legislatura del estado, será la Junta de Concertación Política la que determinará el procedimiento para llevar a cabo esta acción.

Este ordenamiento establece que primero es necesaria la notificación al funcionario del inicio del procedimiento y sus consecuencias; determinar un periodo de ofrecimiento y desahogo de pruebas, así como dar a conocer las pruebas de la contraparte; establecer un período de alegatos; y emitir el dictamen correspondiente. El procedimiento actual inició con la comparecencia de Nava Alvarado que duró aproximadamente tres horas.

Al término de la misma, el ombudsman queretano dio a conocer que en la reunión, en la que estuvieron presentes los coordinadores de las fracciones y grupos legislativos, tuvo oportunidad de presentar el detalle de las recomendaciones emitidas por la Defensoría, cuál ha sido el trabajo operativo de la misma, las iniciativas que ha presentado, así como la forma en la que se ha violentado la autonomía presupuestal de la DDHQ.

Nava Alvarado consideró que son las voces de las personas que se han beneficiado a través del trabajo de la Defensoría, como testigos de recomendaciones emitidas por el órgano, las que deben opinar de su actuar.

Respecto a las acusaciones de Brenda Rangel, activista de Desaparecidos Justicia A.C., Nava Alvarado comentó que el tema de desapariciones es un delito en el que no tiene competencia la Defensoría, la cual sólo atiende quejas por violaciones a los derechos humanos en cuanto a trámites administrativos se refiere, y aseguró que Brenda Rangel sí fue atendida por la Defensoría y canalizada al área correspondiente.

“En el caso de Brenda Rangel, como cualquier otra persona, son delitos, la defensoría como los otros 31 organismos autónomos en las otras entidades federativas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenemos fijada nuestra competencia en el artículo 102 de la constitución que dice que el Congreso de la unión y las legislaturas de los estados establecerán organismos en protección de derechos humanos quienes atenderán quejas por acción u omisión de servidores públicos y autoridad que violen derechos humanos de naturaleza administrativa. La señora denunció delitos, se le orienta y canaliza para que acuda a la autoridad correspondiente”, concluyó.