Aprueban en comisión reforma para restringir beneficios a sindicalizados de la administración pública
Esta disposición, de ser aprobada en el pleno del Congreso local, prohibirá a los trabajadores acceder a mayores beneficios de los que estipula la ley laboral del estado de Querétaro
Los diputados panistas Eric Salas González y Gerardo Ángeles Herrera aprobaron durante sesión de la Comisión de Planeación y Presupuesto una reforma para prohibir a los sindicalizados de administraciones públicas acceder a mayores beneficios de los que estipula la ley laboral del estado de Querétaro, en materia de pensiones y jubilaciones, propuesta en el paquete fiscal 2017.
Con el voto en contra de la diputada priísta, Norma Mejía Lira, esta reforma, contemplada en el artículo 104 de la ley para el manejo de los recursos públicos del estado de Querétaro, impide a los servidores públicos otorgar, a través de convenios, mayores beneficios a los trabajadores del estado y municipios que no estén contemplados en la ley de trabajadores del estado de Querétaro.
El párrafo que se adiciona a dicho artículo quedará de la siguiente forma: “Los servidores públicos de los sujetos de esta ley no podrán celebrar convenios, acuerdos o cualquier otro instrumento o acto jurídico, a través del cual se establezcan condiciones distintas a las contenidas en la legislación laboral del estado, en materia de pensiones y jubilaciones”.
Durante la sesión, Norma Mejía Lira, diputada priista, manifestó que su rechazo en contra se debe a que en la propuesta presentada no hubo una exposición de motivos de parte de la Secretaría de Finanzas, lo cual impide conocer las razones de la autoridad para su reforma, además de que con ello se plantea una restricción a convenios celebrados con los trabajadores al servicio del estado concedidos en sus contratos colectivos.
“Como integrante del grupo legislativo del PRI, para el que la base trabajadora ha sido un pilar, manifiesto nuestro más categórico rechazo a este tipo de reformas que atentan contra los ciudadanos y sus derechos, por lo que evidentemente votaré en contra de su inclusión como una modificación a la ley del manejo de los recursos públicos, y por lo tanto en contra de la generalidad de la iniciativa por su formato conjunto con una serie de disposiciones imponentes”, subrayó.
Por su parte, Mauricio Ortiz Proal, coordinador del grupo legislativo del PRI, lamentó que esta reforma proponga la desaparición de contratos colectivos de trabajo de los trabajadores del servicio público del estado de Querétaro y recordó que esta misma iniciativa ya había sido presentada y fue rechazada.
“Esto sienta un mal precedente, creo que una reforma de este tipo pudiera estar viciada de origen, pudiera estar teniendo problemas de inconstitucionalidad dado que estos contratos colectivos son reconocidos por la ley federal de manera clara, incontrovertible, y es por eso que invitamos a la comisión a que nos ayuden a corregir el dictamen y eventualmente votar en contra al menos de esta reforma al artículo 104 de la ley para el manejo de los recursos públicos en el estado”, comentó.
Después de cuatro horas de retraso, por el contrario, los diputados aprobaron la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 2017 el cual será de 31 mil 010 millones de pesos; en este se contempla otorgar a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) un presupuesto de 557 millones de pesos, al que se sumará un recurso de 46 millones de pesos para obra públicas.
Además, fueron aprobadas la Ley de Fomento al Primer Empleo, propuesta por diputados panistas, y la ley que fija bases, montos y plazos conforme los cuales se distribuirán las participaciones federales correspondientes para los municipios de Querétaro para el ejercicio fiscal 2017.
Mientras que las iniciativas priistas correspondientes a la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro en materia del primer empleo, además de un exhorto para sumar a los municipios al convenio de colaboración fiscal y un exhorto al estado para que en las iniciativas de leyes de ingresos no se incrementen y creen nuevos impuestos, fueron rechazadas.