Con nuevo sistema de justicia, denuncias aumentaron un 27%: Juan Martín Granados

A 95 días de la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, las denuncias se incrementaron un 27 por ciento lo que implica el inicio de nueve mil 719 carpetas de investigación, dio a conocer Juan Martín Granados Torres, secretario de gobierno del estado de Querétaro, en el marco de las glosas del primer informe de gobierno.

En su discurso, el secretario de Gobierno destacó que Querétaro se posiciona por arriba de estados como Tamaulipas, Guerrero, Michoacán o Chihuahua en delitos cometidos, lo cual es equívoco, aseguró, pues para esta medición se considera el número de denuncias presentadas ante la autoridad, lo que representa solo una cultura de la denuncia y la confianza de los ciudadanos en sus autoridades.

“Las denuncias significan la incidencia delictiva, lo cual es incorrecto, por eso es que Querétaro durante muchos años siempre va a aparecer en incidencias mucho más arriba de estados como Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, esto se debe a la equivocación de pensar que la incidencia delictiva se mide a través de la denuncia. Si una entidad disuade las denuncias aparece como el campeón de la seguridad cuando en su estado la gente tiene miedo de denunciar. No se puede medir a partir de las denuncias, porque o bien encubre o bien oculta la cifra negra”, sentenció.

Con este programa, se han realizado dos mil 643 intervenciones con policías preparados para recibir la denuncia por robo en el lugar de los hechos, lo que significa un 27.2 por ciento del total de las denuncias ante la autoridad correspondiente; se han efectuado 196 audiencias judiciales, de las cuales 119 son iniciales, 36 de aprehensión, 25 cateos, nueve suspensiones, tres revisiones de medidas de protección y una toma de muestras.

Granados Torres detalló que en el marco del nuevo sistema penal, se desarrolló el modelo de operación “Cosmos, justicia oral”, conformado por 19 equipos de trabajo distribuidos en ocho ejes; este nuevo sistema arrancó el pasado 30 de mayo en la zona metropolitana I, con lo que cual se logró la implementación de este sistema en el cien por ciento de los municipios.

El secretario de gobierno recordó que para este programa se realizó una reingeniería institucional, destacando la participación del Congreso local, en la reforma a la constitución política del estado de Querétaro, la ley de seguridad para el estado de Querétaro, la ley del instituto de la defensoría penal pública del estado, la ley orgánica de la fiscalía general del estado, y la ley orgánica del poder judicial del estado.

A nueve meses de gobierno, en el estado se registraron 305 manifestaciones en la entidad, de las cuales 71.2 por ciento no fueron del ámbito estatal; y comentó que se brindó certeza jurídica a cuatro mil 963 personas a través de la gestión de trámites de naturaleza territorial, mediante el programa de regularización de asentamientos irregulares.

En su exposición, aseguró que el poder ejecutivo atendió las cuatro recomendaciones emitidas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Querétaro (DDHQ), las cuales fueron dirigidas al gobernador, así como las cinco recomendaciones generales emitidas a todos los estados por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a fin de fortalecer las acciones que favorezcan su protección.

Granados Torres dio a conocer que la elaboración del programa estatal de derechos humanos lleva un avance del 70 por ciento, observado en el prediagnóstico, recolección y análisis de información y revisión de leyes.

En la entidad, la Dirección General de Reinserción Social tiene actualmente una población de dos mil 160 personas en los cinco centros penitenciarios, siendo el Cereso de San José el Alto el que tiene el mayor número de internos con mil 549 personas por los delitos de robo, homicidio, violación, contra la salud y secuestro.

En el caso del Centro de Internamiento y Ejecución de Medidas para Adolescentes (CIEMA) detalló que cuenta con una población de 38 personas, dos por robo, 21 por homicidio, 10 por violación y cinco por secuestro; el cereso femenil con 116 personas, el de San Juan del Río con 408 internos y el de Jalpan de Serra con 113 individuos.