Cuatro leyes secundarias permitirán el nuevo sistema de justicia en Querétaro, ¿en qué consisten?

Este 24 de mayo se aprobaron las cuatro leyes secundarias que dan paso a la implementación en el estado de Querétaro del nuevo sistema de justicia penal, pero, ¿cuál es el objetivo de cada una de ellas?

En Códice Informativo te presentamos una breve reseña del porqué de su creación o modificación, en algunos casos.

Ley del Instituto de la Defensoría Penal Pública del estado de Querétaro

Esta ley permitirá la creación del Instituto de la Defensoría Penal Pública del estado de Querétaro que tiene como objetivo organizar y defender con calidad, técnica, adecuada y gratuitamente, a los ciudadanos que no cuenten con recursos para un abogado privado en materia penal, con lo cual se abonará a garantizar el derecho a la seguridad.

Este instituto dependerá de la Secretaría de Gobierno y contará, a su vez, con una Comisión Evaluadora de Capacidades Técnicas, Ética y Profesionista del Derecho, que se conformará por tres representantes de facultades de Derecho del estado y tres representantes de colegios o asociaciones en la materia.

Ley del sistema estatal de seguridad de Querétaro

La finalidad de esta es cumplir con las disposiciones de la Constitución Política del país y sus leyes reglamentarias, así como con la Constitución local y las leyes locales en materia de seguridad correspondientes; además de regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad.

En esta ley se homologa un ordenamiento que establece que el gobernador del estado asumirá el mando en los casos en los que se juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.

Además, se hace referencia a que será la ley de protección a víctimas, ofendidos y personas que intervienen en el procedimiento penal del estado, en concordancia con la ley general de víctimas, la que señalará las facultades de la comisión ejecutiva estatal de atención a víctimas.

Ley de la Fiscalía general del estado de Querétaro

Su fin es organizar a la Fiscalía General del Estado, que sustituirá a la Procuraduría General de Justicia (PGJ). Este organismo contará con un consejo, en el que se garantizará la participación ciudadana, con un cuerpo de policía de investigación que trabajará bajo el mando del Ministerio Público y una unidad especializada en delitos electorales, entre otras.

Esta fiscalía será encabezada por un hombre o mujer que sea ciudadano mexicano por nacimiento, contar con al menos 35 años de edad y con una residencia en el estado de tres años; además, tendrá que contar con un título profesional de licenciado en derecho y experiencia de cinco años en la procuración de justicia.

La terna de los candidatos fue enviada por el Ejecutivo y serán los diputados quienes lo elijan previo al 1 de junio.

Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Querétaro

Esta tiene el objetivo de regular la organización, funcionamiento y atribuciones de este poder, el cual se encarga de interpretar y aplicar las leyes en asuntos jurisdiccionales del orden civil, penal, familiar, justicia para adolescentes, ejecución de sanciones penales y constitucional del fuero común y en materia federal cuando las leyes conducentes así lo faculten.

Dicha ley permite, entre otras cosas, la creación de la jurisprudencia de observancia obligatoria para los jueces y salas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), así como la consolidación del pleno del tribunal como órgano jurisdiccional ampliando su competencia a la resolución de controversias de criterios sostenidos entre las salas del tribunal.

Además, se establece una nueva integración del Consejo de la Judicatura que favorece en la transparencia de las actividades administrativas del Poder Judicial y se especifica que el presidente de cada sala podrá ser reelecto por el periodo inmediato siguiente.

En la próxima sesión de pleno, que se espera se realice esta misma semana, deberán ser aprobadas las cuatro iniciativas de ley para comenzar a aplicar en Querétaro el nuevo sistema de justicia penal, que el 1 de junio deberá implementarse no solo en la entidad, sino en el país.