“La magnitud de la desaparición de personas en México es alarmante”: CIDH
La Comisión Interamericana constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México.
Tras una visita in loco a México, llevada a cabo del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015, integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observaron en terreno la situación en el país, con particular énfasis en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, la situación de inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia, la impunidad, la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país.
“La Comisión Interamericana constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares”, expone en un comunicado.
El documento detalla que el efecto de la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales es especialmente grave y desproporcionado sobre personas en situación de pobreza, personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBTI), entre otros.
Además, dice, la violencia contra familiares de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas es ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia, y perpetuar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos. La violencia y el amedrentamiento busca acallar las voces que más necesita México; tal como lo indicó una alta autoridad en reunión con la CIDH: “A los mexicanos nos hacen falta verdades sobre nuestra propia historia y sobre nuestras propias tragedias”.
“Los problemas descritos son resultado de una situación estructural que México padece desde hace décadas. El día de hoy se cumple el 47º aniversario de la masacre ocurrida en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. La masacre continúa hasta el día de hoy en la impunidad, sin un número final, mucho menos una identificación individual, del total de personas que fueron ejecutadas o desaparecidas en ese contexto”, dice el informe.
Asegura que la magnitud que tiene la problemática de la desaparición de personas en México es alarmante. Las cifras y los testimonios que la CIDH ha recogido dan cuenta de secuestros a manos de grupos de delincuencia organizada.
Especialmente, grave es la información amplia y consistente sobre la existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del estado o con la participación, aquiescencia, o tolerancia de las mismas. Al igual que en los casos de desaparición forzada del pasado, se registran altos niveles de impunidad para las desapariciones y desapariciones forzadas del presente. Las falencias en las investigaciones sobre desapariciones son graves y múltiples.
Muchos casos de desaparición no se denuncian debido a la desconfianza de los familiares en la capacidad de respuesta del Estado o su temor a sufrir represalias, y en los casos donde sí hay denuncia, la respuesta de las autoridades presenta graves deficiencias.
La CIDH -dice el informe- respalda el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), establecido por la CIDH a solicitud del Estado mexicano y de los representantes de las familias de los estudiantes desaparecidos, muertos y heridos en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
La Comisión acompaña los informes presentados por el Grupo. Con base en estos informes, la CIDH urge al Estado mexicano a esclarecer la verdad de los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
“Específicamente, la Procuraduría General de la República (PGR) debe adoptar cuanto antes las medidas solicitadas por el GIEI: trasladar la responsabilidad de la investigación a la Subprocuraduría de Derechos Humanos; designar, en consulta con el GIEI, un nuevo Fiscal Especial a cargo de la investigación; renovar a todos los miembros del equipo; reorientar la investigación a fin de seguir las líneas que surgen del informe del GIEI, las cuales distan de las hipótesis bajo la cual se han realizado las investigaciones de la PGR hasta el momento; y permitir a los expertos entrevistar a todos los testigos, incluidos los integrantes del 27 Batallón de Infantería”, recomienda la instancia.
En este contexto, en todos los lugares que la CIDH visitó durante estos días se reunió con víctimas, familiares y defensores, quienes describieron los obstáculos que han encontrado en su búsqueda de justicia y su desconfianza en las autoridades. Los hallazgos por los familiares de fosas con decenas de cadáveres han evidenciado que son ellos quienes han tenido que asumir la búsqueda de sus seres queridos, mientras que las autoridades no cumplen con su deber de investigar con debida diligencia.
La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que perpetúa y en ciertos casos impulsa la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia han generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana, generando un problema grave de sub-registro en las cifras oficiales.
La delegación estuvo conformada por la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine; el primer vicepresidente, James Cavallaro; el comisionado Felipe González y las Comisionadas Tracy Robinson y Rosa María Ortiz. Asimismo, integraron la delegación el Secretario Ejecutivo, Emilio Alvarez Icaza Longoria; la Secretaria Ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abi-Mershed; el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza; y otros miembros de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.
Otro fenómeno de profunda preocupación son las ejecuciones extrajudiciales. Situaciones recientes han sido los hechos ocurridos en Tlatlaya, sur del Estado de México, en junio de 2014; en Apatzingán, estado de Michoacán, en enero de 2015; y en Tanhuato, también en Michoacán, en mayo de 2015.
Con información de la CIDH
