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Legislatura de Querétaro inicia juicio político contra Alcalde de Tolimán

Por Staff Códice Informativo - 25/06/2015

Por el no pago de prerrogativas a una regidora y la designación ilegal de un síndico regidor 

 Legislatura de Querétaro inicia juicio político contra Alcalde de Tolimán

La Comisión Instructora de la LVII Legislatura del estado de Querétaro inició un juicio político en contra de Edgar Montes Benítez, presidente municipal de Tolimán, que podría devenir en su inhabilitación y destitución del cargo, informó Marco Antonio León Hernández, presiente de la Mesa Directiva.

El juicio político fue iniciado por el no pago de prerrogativas a una de las regidoras que forman parte del Ayuntamiento de Tolimán, y por la designación ilegal de un síndico regidor por parte del Cabildo, una facultad con la que no cuenta dicho cuerpo colegiado pues el síndico regidor debe ser electo por el voto popular como parte de una fórmula.

La Comisión Instructora hace la incoación del procedimiento, es decir, le da entrada al procedimiento, determina que debe correr, que debe iniciarse, y a partir de ese momento entra en reservar y nosotros estamos a la espera de que haya una resolución“, explicó.

León Hernández informó también que en Pinal de Amoles se vive una situación similar, pues los regidores ya se presentaron ante la Comisión Instructora de la LVII Legislatura del estado denunciando que tampoco se les han otorgado la prerrogativas establecidas por ley. En ese caso no se ha iniciado un juicio político porque los regidores no han decidido hacer la denuncia formal.

El presidente de la Legislatura queretana recordó que el último juicio político que llegó a sentencia en la entidad fue en el gobierno estatal de Ignacio Loyola Vera en contra de los consejeros electorales del entonces IEQ por haberse realizado un autopréstamo para la compra de vehículos. Ese juicio político devino en la destitución de todos los consejeros electorales de entonces.

León Hernández explicó que no puede dar mayores detalles del juicio político porque los trabajos de la Comisión Instructora no son públicos hasta que se emita una sentencia.


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