En Querétaro “abundan” funcionarios que infringen la Ley

Aunque su función de servidores públicos les obliga a predicar con acciones ejemplares y no hacer uso de su cargo para pasar por encima de la ley, en Querétaro existe ya una larga lista de funcionarios que han sido motivo de escándalo por sus conductas o desempeño, que ha derivado en algún delito, aunque sobresalen aquellos que combinan el alcohol con el volante y el poder. Y los hay de todos los colores.

En marzo de 2011, Luis Martínez Mentado, quien fungía como sub delegado del municipio de Cadereyta de Montes, fue puesto a disposición del Juzgado Mixto de Primera Instancia Penal de dicha demarcación, como probable responsable del delito de secuestro agraviado contra una mujer. Cabe hacer mención que el acusado afirmó haber actuado solo para pedir un rescate económico.

En 2012, el entonces regidor panista del municipio de Querétaro, Fernando Rodríguez Serrato, también estuvo involucrado en un escándalo judicial, por un ataque a empleados de un estacionamiento,  y a raíz de eso, el funcionario dejó de asistir a sus labores por más de un mes. Sus dos hermanos fueron consignados por este caso, por su posible participación en los delitos de lesiones y tentativa de homicidio cometida en contra de tres personas.

En agosto de 2013, la alcaldesa del municipio de Pedro Escobedo, Graciela Juárez Montes y su tesorera, Aideé Verónica Corona García fueron destituidas de sus cargos, debido a que así lo ordeno la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además que serían procesadas penalmente por abuso de autoridad.

Paralelamente la SCJN decidió consignar al ex alcalde de Pedro Escobedo y hasta ese entonces dirigente estatal del PRI, Alonso Landeros Tejeida, así como quien fuera su tesorero, José Jaime Sixtos, debido a que incurrieron en desacato al incumplir con el reembolso de 326 mil 586 pesos a una empresa que se amparó contra el cobro del servicio de alumbrado público.

En septiembre de 2013, el ahora ex titular del programa Soluciones, Stuardo Llamas Servín, fue dado de baja del gabinete estatal debido a que fue detenido en aparente estado de ebriedad tras protagonizar un accidente de tránsito en la lateral de Bernardo Quintana y Pie de la Cuesta, y aunque no hubo heridos en el incidente, el ex funcionario intentó escapar y amenazó al policía que lo detuvo con su destitución.

En octubre de 2013, el jefe de departamento Jurídico del municipio de Corregidora, Oscar Gerardo Guzmán Rodríguez, fue arrestado en lo colonia Colinas del Sur y remitido ante la autoridad ministerial, luego de que agrediera y amenazara a sus vecinos en estado de ebriedad. Supuestamente dijo a sus vecinos que podía “hacer y deshacer a su antojo en Corregidora” y que incluso podía desaparecer a los indeseables.

En diciembre de 2013, el ex presidente municipal de Corregidora, Carmelo Mendieta Olvera, fue inhabilitado 20 años para ejercer algún cargo público en el estado de Querétaro, multado con 600 mil pesos y deberá resarcir daños por 398 mil pesos, cantidad que presuntamente desvío del erario público en material de construcción, que fue a parar en un domicilio conocido como el rancho “La Princesa”.

Así como él, también inhabilitaron 10 años al ex secretario de servicios públicos municipales, Noé Saldaña Sánchez y la ex directora de la tesorería, Paula Escobedo Chávez.

En enero de 2014, la Defensoría de los Derechos Humanos emitió cuatro recomendaciones a la PGJQ, debido a que  las agentes del Ministerio Público, María del Carmen Morales Ortiz y Aurora Alcaya Ibarra, así como el perito Isaías Moreno, cometieron diversas irregularidades en el caso de un menor de cuatro años, atropellado por una camioneta, cuando el infante circulaba en su bicicleta. Según el peritaje, el pequeño no cedió el paso a la camioneta, por lo que tenía responsabilidad. El caso tuvo trascendencia nacional.

La Procuraduría General de Justicia aceptó las cuatro recomendaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos en torno a este tema y ahora investigan a los tres servidores públicos para analizar si sus conductas los hacen acreedores a alguna sanción.

También al iniciar enero de 2014, El regidor municipal de Corregidora, Rafael Montoya Becerra, fue detenido por personal de policía estatal,  luego de que en una revisión policiaca se le encontró un arma de fuego y que conducía bajo el influjo del alcohol. Su detención sólo fue momentánea.

Aun sin concluir el primer mes del año, apenas el pasado jueves después de las 10:00 de la noche, el titular de recursos humanos de la Secretaría de Salud, Antonio Arturo Rodríguez se vio involucrado en un accidente vial contra un muro de contención en el kilómetro 2+800 de la carretera a Huimilpan. Presuntamente fingió estar lesionado para no ser arrestado, debido a que supuestamente conducía en estado de ebriedad.

La madrugada de este sábado, el coordinador jurídico del Indereq, Mauricio Puente Chapa, provocó la muerte de dos personas que viajaban en un taxi, al ser embestidos desde atrás por el vehículo que conducía. El funcionario queretano viajaba a exceso de velocidad y ahora enfrentará tres cargos penales.

Y  un día después, el ex candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera, chocó contra dos vehículos, causó heridas a dos personas y además intentó fugarse. Fue detenido y acusado de tres cargos.

Estos solo son algunos escándalos que han salido a la luz pública en el estado de Querétaro, protagonizados por funcionarios que tienen por obligación servir a favor de la ciudadanía y manejar responsablemente los recursos materiales y económicos que son obtenidos con el erario público para mejorar las condiciones de la entidad. Tal parece que no lo han sabido hacer y ahora, deben asumir las consecuencias de sus propios actos.