Funcionarios de Querétaro mantienen en secreto su patrimonio

En Querétaro ningún funcionario se atreve a divulgar públicamente su declaración patrimonial, pues parece que no hay apertura por parte de los servidores públicos, que son quienes toman las decisiones en torno al futuro de la entidad.

En el país, como en algunas naciones de Sudamérica, los servidores públicos están obligados a presentar su declaración patrimonial anualmente, en la que deben presentar su manifestación de bienes, que reporten si es que hicieron modificaciones en el caso de bienen inmuebles, muebles, cuentas bancarias, deudas o gravámenes del manifestante, cónyuge y dependientes económicos.

Sin embargo, lo cierto es que no están obligados a divulgar públicamente la manifestación de sus bienes y generalmente los funcionarios argumentan que no lo hacen por seguridad o de plano no encuentran justificación alguna para no haberlo hecho hasta el momento.

En la entidad han transcurrido prácticamente tres años y medio de la administración estatal y es fecha en que se desconoce la declaración patrimonial del titular del Poder Ejecutivo, José Eduardo Calzada Rovirosa, así como de cada uno de los integrantes de su Gabinete.

En contraparte, los gobernadores de Baja California, Colima, Chiapas, Jalisco, Hidalgo, Tabasco, Puebla y Morelos ya se atrevieron a presentar de manera pública su declaración patrimonial.

La versión del área de Comunicación Social del despacho de Contraloría del estado de Querétaro es que no pueden hacer del conocimiento público la declaración patrimonial de algún funcionario, pues la obligación del servidor público es informar precisamente a la Contraloría y sus subordinados, pero no a la ciudadanía.

Recientemente el presidente Enrique Peña Nieto y la mayoría de su Gabinete difundieron públicamente sus propiedades, lo cual significó un gran paso para que el resto no descarte la posibilidad de hacerlo.

Ahora resta esperar a que la nación avance en materia de transparencia y comiencen a replicar este tipo de acciones tanto los gobernadores como el jefe de gobierno del Distrito Federal o, en su defecto, decidan seguir ocultando el dato sobre los bienes que poseen.