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»Paloma Arce propone crear Consejo Ciudadano

Estará integrado por personas que no ocupen cargos públicos y que provengan de instituciones de educación superior, organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial, activismo y medios de comunicación, que hayan destacado por su labor a favor de la sociedad queretana



Por: Abelardo Islas
paloma arce

Foto: A.Islas

Paloma Arce Islas, diputada local por Morena, lanzó una iniciativa de reforma a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Querétaro, a fin de crear el Consejo Ciudadano, integrado por 13 personas de la sociedad civil de reconocida solvencia moral.

La legisladora señaló en rueda de prensa que el Consejo Ciudadano estará integrado por personas que no ocupen cargos públicos y que provengan de instituciones de educación superior, organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial, activismo y medios de comunicación, que hayan destacado por su labor a favor de la sociedad queretana, puntualizó.

Dejó claro que lo que se pretende es tender un puente de diálogo entre la sociedad y el gobierno, a fin de crear políticas públicas que incluyan la visión de los gobernados.

Expuso que los consejeros ciudadanos se desempeñarán en el cargo por un periodo de cuatro años, mismos que serán honoríficos, y sesionarán de forma pública al menos una vez cada mes rumbo a la toma de decisiones.

Entre sus funciones destacan emitir opiniones técnicas en los temas más sensibles de la sociedad como son seguridad, salud, educación, medio ambiente; hacer propuestas de cambio a los programas ya establecidos en materia de desarrollo social, equidad de género, y solicitar a las instituciones la información que consideren necesaria para su análisis.

Adicionalmente, el Consejo Ciudadano podrá proponer esquemas de financiamiento para los programas de desarrollo social y superación de la pobreza, apoyo a familiares de víctimas de desaparición o violencia de género, entre otros rubros de necesaria mejora social.

Arce Islas estableció que la propuesta prevé sanciones a los servidores públicos que no sometan a consideración del Consejo Ciudadano las propuestas para el diseño de políticas públicas o modificación de las mismas.