Ley de Amnistía vulneraría el estado de derecho: Roberto Cabrera
El país ya cuenta con un estado de derecho en el que la Ley se debe cumplir y se debe sancionar a quien la infrinja
Foto: R. Romero
La ley de Amnistía que propuso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, vulneraría el estado de derecho y, de aprobarse, ser trataría de suspender una ley con otra, consideró el diputado local del PAN, Roberto Cabrera Valencia.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el Congreso local, opinó que, actualmente, ya existen reglas suficientes y beneficios como la libertad anticipada cuando hay buena conducta y la figura de indulto en delitos no graves.
Aseveró que el país ya cuenta con un estado de derecho en el que la Ley se debe cumplir y se debe sancionar a quien la infrinja, bajo un proceso científico de debida comprobación del sistema acusatorio penal, que estipula que todo señalamiento debe ser probado.
“Mientras no se aplique la ley, no sabremos que alcances tendría, pero el gran cuestionamiento sería: ¿el estado de derecho se debilita? ¿Sí o no? Y seguramente los especialistas, los juristas, la academia serán quienes harán extensos estudios sobre este tema (…) me parece que es una ley especial que vulnera el estado de derecho. Es como una ley que suspende la aplicación de otra ley”, reiteró.
Cabrera Valencia agregó que esta iniciativa generará un amplio debate; sin embargo, espera que, de aprobarse, no se vulnere la paz social y la tranquilidad, que no sea tomado como una situación que favorezca ciertos delitos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió el 15 de septiembre a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Amnistía que beneficiará a jóvenes relacionados con delitos contra la salud, porque son consumidores acusados de narcomenudeo, o porque por pobreza o amenazas participaron en ilícitos.
De acuerdo con un comunicado enviado por el gobierno federal, la ley también beneficiará a las mujeres presas por abortar, personas presas por robo simple sin violencia y a médicos o parteras acusados de participar en abortos, a personas indígenas que no tuvieron una adecuada defensa, y a presos políticos.
El documento distribuido en los medios de comunicación aclara que en ningún caso se liberará a personas señaladas por delitos graves, que hayan causado daños graves a las personas; o que tengan sentencias por homicidio, lesiones o secuestro, así como que hayan utilizado armas de fuego.
