Empleos, despidos, promesas; los costos de los cambios de gobierno

En el ‘mundillo’ de la política mexicana, los procesos electorales tienen importancia no tanto por las ideologías o las posiciones en el espectro político, sino porque elecciones en México significan empleos; bien pagados, por cierto.

Por eso, en la campaña electoral del primer semestre de este 2015 en Querétaro, lo que panchistas y loyolistas peleaban además de un proyecto de estado diferente, era la consecución de espacios laborales para el séquito de personas que acompañaban a uno u otro candidato.

Tras el triunfo de Francisco Domínguez y de Marcos Aguilar el pasado 7 de junio, era de esperarse que a partir de entonces y hasta ahora, se vendría un maremoto laboral que acabaría con la tranquilidad de cientos de familias quienes hasta hace unos meses, sentían algo de equilibro y seguridad laboral. Ese maremoto, hoy, sigue arrasando a la administración pública.

Tanto en el gobierno estatal como en el municipal se lleva a cabo una reestructuración profunda de las plantillas laborales de prácticamente todos los rincones de las administraciones. Ya sea por cuestiones de productividad y eficiencia administrativa o por lealtades, pero afines a las anteriores administraciones son sustituidos.

En principio, es relativamente normal que en cualquier organización, haya cambios de personal, cuando llega una nueva administración.

Sin embargo, el asunto se complica legal y financieramente cuando los candidatos lo politizan. Así sucedió en el caso de Roberto Loyola Vera, quien aún como presidente municipal de Querétaro, se atrevió a comprometerse con los queretanos a que sus directores, coordinadores y secretarios, renunciarían voluntariamente a sus cargos y no le costarían al erario público sus liquidaciones.

Lo que está sucediendo es que la nueva administración municipal, comandada por Marcos Aguilar Vega, quiere hacer valer el compromiso de Roberto Loyola, de que los directivos y funcionarios renuncien y no sean liquidados, para no afectar las arcas municipales.

Esto supone, sin duda, una falta a la ley pues todo trabajador tiene derecho a ser liquidado. Por más que Roberto Loyola se lo prometió a la ciudadanía, esto no obliga a los trabajadores a ceñirse a este compromiso. La ley está por encima de los discursos y promesas de campaña.

El actual presidente municipal de Querétaro ha señalado que la anterior administración despidió a 50 funcionarios y erogó 20 millones de pesos, lo que abre un boquete al presupuesto del ayuntamiento.

Seguramente, salta el malestar de la opinión pública sobre los altos salarios de los funcionarios en el sector público; si cumplieron en su desempeño, si hicieron bien o mal su trabajo, si fue un espacio de ‘chapulineo’ político o no. Todos esos cuestionamientos son dignos de análisis. Sin embargo, independientemente de esas evaluaciones, la ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro les ampara.    

Muchas cosas tienen que cambiar en el esquema laboral de las administraciones públicas. Desde los salarios y prestaciones, que difieren en mucho a los del grueso de la población, hasta las formas de contratación. Es un pecado conjunto que cargan antiguas y nuevas administraciones.

Es de suma importancia que los legisladores observen lo que está sucediendo y decidan, de una vez por todas, hacer algo para garantizar que las administraciones públicas se mantengan a pesar de los discursos de campaña, cambios de gobiernos y de partidos políticos. Mal harían los gobernantes en torcer la ley, por un afán propagandístico o según el rumbo al que los lleven los vientos políticos.