Corporaciones policiacas, responsables de protección de derechos humanos en operativos
La Comisión de los derechos humanos en Querétaro confía en el actuar de las autoridades en los últimos grandes operativos en los que se han dado bajas humanas
Son las propias corporaciones policiacas las que deben de velar por el respeto a los derechos humanos y la aplicación de las líneas de acción protocolarias que deben de llevar a la hora de hacer operativos seguridad, consideró Miguel Nava Alvarado, ombudsman del estado de Querétaro.
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien fuera además delegado de la Procuraduría General de la República en Aguascalientes, opinó así sobre los operativos que han llevado a cabo efectivos de la Dirección de Investigación del Delito, de la Policía Estatal y también de la Policía Federal, en los que en el intercambio de fuego entre delincuentes y fuerzas de la autoridad, se han dado fallecimientos, además de que se ve afectado el orden público.
“Existen lineamientos de actuación policial, y estos son los protocolos, los pasos a seguir en las situaciones de riesgo. La propia PGJ nos ha participado en esos cursos de lineamientos de actuación de la policía, los deben tener y aplicar, cuando fallan y constituyen una violación, es cuando entramos nosotros”, resaltó.
Nava Alvarado aclaró que la autoridad no puede excederse en el uso de la fuerza, sin embargo, puntualizó que el uso de la misma, aún de carácter letal, es legal siempre y cuando esté justificado, ya que la autoridad debe responder con una fuerza similar a la que utiliza el delincuente para recibirle.
En lo que respecta a la Procuraduría General de Justicia, Nava Alvarado recordó que esta cuenta con una Visitaduría General y un órgano interno de control que son las instancias encargadas de vigilar la actuación de sus servidores públicos.
Por último, aseguró que la Comisión parte de la confianza que tiene en las autoridades respectivas, pero se dijo siempre atento a que si existieran asuntos que rebasen la capacidad de las propias autoridades, y ante la posibilidad de que se presenten quejas, se actuaría en consecuencia.
“La comisión es un garante de los derechos humanos, no un policía o un ministerio público, esa es una tarea de ellos, no de nosotros”, finalizó.