Tan malo el pinto…

El municipio de Cadereyta ha tenido, en las dos últimas elecciones, relevo de fuerzas.

En el 2012, la alianza PRI- Verde, superó por 2 ,691 votos al Partido Acción Nacional. Lo gobernó Rodrigo Mejía Hernández. Y comenzó la debacle. Fue una administración insensible que a punto estuvo de paralizar la administración municipal. Es más, algunos servicios elementales – el panteón municipal – quedaron por algunos días sin atención. Y comenzaron los despidos.

Por eso este partido perdió en el reciente proceso electoral del 2015.

La diferencia de votos fue muy parecida, 2,603 votos pero ahora a favor de Acción Nacional.

Y la herencia dejada por la administración del priista Mejía Hernández por la no liquidación de casi doscientos trabajadores del municipio, se han atorado igualmente en esta que encabeza el panista León Enrique Bolaño Mendoza.

Las culpas se reparten pero nadie soluciona nada.

Esta situación de la que “nadie quiere hacerse responsable”, ni el municipio, tampoco gobierno del estado, “ha propiciado un ambiente muy pesado por un sentimiento de impotencia de que nadie les resuelve”.

Y en esta siguieron los despidos masivos.

Entre las dos administraciones suman una cifra superior a los trescientos empleados despedidos, que, irremediablemente y sin liquidación alguna, se han quedado sin percibir salario alguno.

Con ello, está a la vista un delicado problema social.

En esta administración, la que preside Bolaño Mendoza – que ya fue también diputado – han sido aplazados todos los juicios. Y se evade toda tipo de responsabilidad, inclusive la generada en esta administración.

La irresponsabilidad es compartida, del que está, pero también del que ya se fue.

Y ambos podrían entrar a Juicios de Responsabilidades de Servidores Públicos, estos levantados por los propios abogados penalistas que llevan los casos de defensa de los trabajadores despedidos.

Y hoy salieron a hacer esta denuncia “porque se puede convertir en un lamentable detonador social” que está afectando a todo el municipio, porque “se pretende con esta desatención, cerrar los ojos y pasar el problema a la administración que venga. Y aquí no ha pasado nada”.

Este grupo está formado por los abogados laboristas Leonel Rojo Montes, Agustín Becerril, Edgar Rivero García, Carla Mckency, Luis Vargas quienes pidieron la intervención del gobernador Pancho Domínguez para darle solución a este “grave problema” pero también al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje donde en diferentes estados “reposan” todos esto casos que se están litigando.

“Esta lucha no tiene ningún tinte político, menos partidista, sino meramente laboral pero que ya se está convirtiendo en problema social”, dijeron.

Está el rumor – así tómelo, lo contrario solo Finanzas del Gobierno Estatal puede decir lo contrario – es que ya les fueron entregados 35 mdp justamente para solucionar este problema. Si fue así y con esos presuntos recursos, “no ha sido liquidado ni un solo trabajador”.

Solo en juicios individuales suman los ciento cincuenta, amén de los que está llevando el Sindicato que ascienden a los 160 casos.

Los abogados culpan, en primera instancia, a la actual administración, la de León Enrique Bolaño Mendoza, porque no se ha hecho siquiera revisión a los contratos colectivos de trabajo, no los del 17 pero tampoco los del año pasado, por la total falta de interés de tal manera que “no quiere indemnizar de ninguna forma a los trabajadores despedidos”.

“Y son adeudos de pago de prestaciones e indemnización de trabajadores que fueron del municipio, entre los cuales también se encuentran empleados de confianza”.

Todo diálogo está detenido. El alcalde se ha desatendido totalmente y en gobierno del estado, en las instancias citadas, nada se resuelve.

El total de indemnizaciones que esto implica – además del daño social, moral y familiar que esto ha dejado – supera los 50 millones de pesos.

Y para Cadereyta – ya se ve – salieron tan malo el pinto como el colorado.

Aguas, el asunto está más que delicado.