¿Qué dice el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre la colegiación de periodistas?

Hace exactamente una semana, varios periodistas de Querétaro, entre quienes me incluyo, firmamos un comunicado en el que anunciamos que nos deslindamos del Colegio de Profesionistas de la Comunicación del Estado de Querétaro.

Las reacciones hacia ese posicionamiento no se hicieron esperar, y durante los últimos días han sido varios los periodistas cuestionados sobre el fondo del deslinde público, y se generó un debate sobre la profesionalización del periodismo y la necesidad de que esta actividad solo se pueda ejercer si se cuenta con una cédula profesional.

Por eso, vale la pena retomar lo que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA) a la que está afiliada México, tiene que decir sobre la colegiación obligatoria como requisito para la práctica profesional del periodismo.

El debate se remonta a 1984, con el caso 9178, cuando el periodista Stephen Schmidt, que trabajaba como asesor técnico, traductor, editor y redactor para The Tico Times, pidió la intervención de la CIDH tras ser sentenciado a tres meses de prisión por ejercer el periodismo sin la licencia del Colegio de Periodistas de ese país, que en aquellos años establecía como requisito obligatorio en su ley.

Aunque en un primer momento la CIDH consideró que el Estado costarricense podía controlar el cumplimiento de las normas profesionales del periodismo, tal como lo hacía con otras actividades, y que esto no implicaba una violación al Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta visión cambió cuando entró en la reflexión la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Costa Rica le pidió a la Corte una opinión consultiva sobre el tema, y el resultado fue completamente diferente. Es importante recalcar en este punto que, como recuerda la Relatoría, esta última es la norma prevaleciente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que está formado por ambas instituciones, la Comisión y la Corte.

La Corte consideró que la colegiación obligatoria sí viola el Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

“El periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento y, por esa razón, no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público a través de la aplicación de unos conocimientos o capacitación adquiridos en una universidad o por quienes están inscritos en un determinado colegio profesional”.

También es importante recuperar la definición que la Corte tiene sobre los periodistas:

“El periodista profesional no es, ni puede ser, otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado”.

Como paréntesis, debe citarse al maestro Miguel Ángel Bastenier, profesor de la Escuela de Periodismo de El País y de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, quien define al periodista así:

“Periodista es tan solo, en definitiva, el que se gana la vida como periodista, con o sin carnet, normalmente a tiempo completo. Con eso no se es ni más ni menos que cualquier otro profesional, ni mucho menos tenemos ganado el cielo porque el lector hará la selección de lecturas que mejor le convenga, y será muy dueño de preferir a comunicadores no “contaminados” por intereses espúreos. Pero esos no son periodistas”.

Para regresar al criterio de la Corte, también es crucial puntualizar su opinión sobre el hecho de que se pretenda, a través de la colegiación, garantizar que la sociedad reciba información objetiva y veraz.

“Resulta en principio contradictorio invocar una restricción a la libertad de expresión como un medio para garantizarla, porque es desconocer el carácter radical y primario de ese derecho como inherente a cada ser humano individualmente considerado aunque atributo, igualmente, de la sociedad en su conjunto.

“Un sistema de control al derecho de expresión en nombre de una supuesta garantía de la corrección y veracidad de la información que la sociedad recibe puede ser fuente de grandes abusos y, en el fondo, viola el derecho a la información que tiene esa misma sociedad”.

En su declaración particular, el juez Pedro Nikken afirma que en todo caso, vale más la pena establecer estatutos de rango legal que protejan a los periodistas frente a “eventuales disposiciones indignas de sus empleadores”, pues no está probado que la colegiación garantice mejores condiciones para el ejercicio periodístico.

“Por lo demás, no ha sido demostrado que la colegiación sea el más eficaz de los medios de protección a los periodistas, ni que en los países donde exista se haya puesto fin a los alegados abusos de los dueños de periódicos”.

Es por esto que, a pesar de las voluntariosas y respetables opiniones de un grupo de twitteros, algunos con nombre y apellido y otros tantos desde la comodidad del anonimato, debe rechazarse de manera categórica que se pretenda limitar el ejercicio periodístico a través de cédulas o licencias de ningún tipo.

Por supuesto que en Querétaro, y a nivel nacional, la colegiación no es una condición obligatoria, y actualmente no existe alguna pretensión formal para establecerla, pero dados los intercambios que se dieron en Twitter, es importante recordar estas consideraciones legales de carácter internacional, por si a alguien se le ocurre, aunque remotamente, regresar en el tiempo.

Y este recordatorio resulta aún más importante si se toma en cuenta que el ejército microbloguero que se lanzó a defender al susodicho Colegio es el mismo que se muestra completamente acrítico con el alcalde Marcos Aguilar Vega y su administración.

El Colegio de Profesionales de la Comunicación puede, por supuesto, seguir con sus actividades y trabajar bajo su agenda. Lo que no podrá hacer, al menos moralmente, es considerarse voz del periodismo queretano ni participar de las determinaciones que sobre la profesión están trabajando los propios periodistas, como por ejemplo la conformación de una ley local para la protección del ejercicio periodístico, algo en lo que se trabaja desde hace al menos tres años.

La profesionalización del periodismo es evidentemente necesaria y una agenda que el gremio periodístico no solo queretano sino mundial reconoce como primordial. Sin embargo, esa profesionalización debe ser ajena a todo intento de limitación del ejercicio periodístico, a pesar de que el Estado sí tiene injerencia en la organización y en el ejercicio de otras profesiones. Lo sustancial es que por la naturaleza del periodismo, por actividad de alto riesgo y por su relación intrínseca con el derecho humano de la libertad de expresión, esta no es como otras profesiones.

Si bien la cedulación profesional y la colegiación son herramientas que existen, estas pueden ser libremente valoradas por los periodistas que deseen tomarlas, pero en ningún momento puede asumirse que alguno de estos requisitos debe ser obligatorio para el ejercicio del periodismo profesional, ni puede considerarse que estos son la medida para distinguir la calidad del periodismo en un sociedad determinada.

El periodismo es una actividad que tiene como objetivo el cuestionamiento desinteresado del poder, y por tanto, debe mantenerse distante de toda manifestación que pueda tener relaciones de interés con el poder, especialmente político, y esa es la razón de fondo que sostiene el deslinde de decenas de periodistas queretanos del Colegio de reciente creación. Toda actividad comunicativa que no pretenda descubrir a partir de la investigación y la contrastación de fuentes lo que el poder quiere mantener oculto, es otra cosa, pero no periodismo, y por tanto, responde a otras agendas, como la de los twitteros promarquistas que siguen doliéndose por el deslinde público de un Colegio con el que supuestamente no tienen nada que ver.