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Director de Información de Códice Informativo. Nacido en Venezuela, pero vivido en México. Futbolero, chelero y frustrado rockero. Periodista

»¿Por qué no pedimos también la revocación de concesiones en el transporte público?

La “concesionafobia” es una nueva enfermedad política queretana, altamente selectiva, que cuestiona las nuevas modalidades de concesión de servicios públicos pero no toca las del transporte público, el principal problema urbano de la ciudad



Por: Víctor Pernalete

El ánimo político de moda ha generado una suerte de “concesionafobia” que provoca animadversión especial al esquema que el municipio de Marcos Aguilar ha utilizado para el fallido proyecto de parquímetros y bicicletas compartidas, y que sigue generando ruido en el tema de la recolección de basura.

Esa enfermedad se manifiesta particularmente con nuevas concesiones que provienen del Centro Cívico, pero prácticamente no se muestra si el esquema se puso en marcha hace décadas y si el servicio público pertenece a la esfera estatal.

En Querétaro se reconoce que la movilidad, o la falta de ella, es tal vez el problema más importante que enfrenta la zona metropolitana. El transporte público, o la carencia de él, definió la elección local de 2015 y hoy sigue siendo un tema reprobado, aunque no diré desatendido porque queda claro que se están haciendo cosas al respecto. Lo que no sé, y me genera una infinita duda, es si esas acciones rendirán frutos o terminarán siendo un rotundo fracaso marca RedQ.

Y es que poca gente repara en el que, desde mi punto de vista, es el principal problema del transporte público en Querétaro: el esquema de concesiones. Ya todos estamos acostumbrados y probablemente por eso no nos damos cuenta, pero este esquema ha hecho de un servicio que debería ser público lo que yo llamo un sistema privado de transporte colectivo. Los empresarios del ramo responden, antes que nada, por su utilidad en un negocio millonario, por lo que el interés público queda en un segundo plano.

Pasó en el gobierno de José Calzada y está pasando ahora. Los concesionarios esperan que el transporte público les sea redituable, aún si en ese camino se desatienden las demandas ciudadanas. No es que estos sean unos seres monstruosos que disfruten haciendo sufrir a los queretanos, pero su interés primigenio es hacer dinero, y si eso se contrapone con un mejor servicio, ni modo.

Por enésima vez en lo que va del año, la discusión vuelve a tener como centro la tarifa del sistema privado de transporte colectivo. Los concesionarios presionan para que se suba el precio del pasaje a pesar de que no han hecho absolutamente nada en los últimos años para mejorar el servicio que ofrecen. Se basan en el incremento en los precios de la gasolina y del dólar, aunque no hayan hecho un esfuerzo mínimo para reformular el sistema que operan, hacerlo más productivo, y con ello maximizar sus ganancias.

Las rutas operan como quieren, hay zonas de la ciudad sobrepobladas de autobuses y muchas otras que están completamente desatendidas, su atención al cliente es una vergüenza y con unidades destartaladas no atraen nuevos usuarios. Aún sin atender estas cuestiones tan básicas, exigen incrementar la tarifa sin importarles que ante todo, están ofreciendo un servicio público que debe estar al alcance de los bolsillos de la gente.

El gobierno estatal lidia con ellos mientras construye nueva infraestructura y desarrolla el sistema que echará a andar en septiembre. Lo que me resulta muy llamativo es que desde la sociedad civil y la oposición política no hay nadie que alce la voz contra las concesiones para el otorgamiento del sistema de transporte público.

Como con los parquímetros y la basura, sería muy bueno que los queretanos cuestionemos el esquema de concesiones en el transporte público y pongamos sobre la mesa una discusión real sobre la posibilidad de estatizar el servicio de transporte público. No digo que no sea pertinente la discusión sobre los esquemas de concesión que está manejando el municipio de Querétaro, pero si la crítica se queda ahí se vuelve un asunto político sin trasfondo que además deja de lado un problema aún mayor.

Hace unas semanas estuvo en Querétaro Alonso Salazar Jaramillo, exalcalde de Medellín, Colombia, quien dictó una conferencia en la Universidad Anáhuac de Querétaro. Nuestro reportero Miguel Tierrafría lo entrevistó y este fue muy claro: “En transporte público, importan más intereses de ciudadanos que de concesionarios”.

“Al final es un trabajo de años pero imponiendo un esquema público ya hemos logrado que el 80 por ciento de esos pequeños empresarios estén articulados al sistema integrado de transporte nuestro, es un cambio mental que hay que hacer, pero esperar a que ellos mismos sean la estructura de un sistema, no creo en general”, dijo. 

Creo que es importante comenzar a hacerse las preguntas verdaderamente pertinentes sobre el transporte público. Mientras haya una camarilla de empresarios que tengan como primera necesidad ganar dinero y no garantizar la movilidad de los queretanos, el problema no se va a poder resolver.

No hay nada en contra de los intereses empresariales, pero estos deberían estar alejados de las áreas sensibles para el bien común. La movilidad es una de ellas, por lo que si no les resulta redituable a los concesionarios dar un servicio tan malo a un precio que ya de por sí es elevado, tal vez sea momento de pensar si es mejor que se retiren del negocio. Ese es, quizá, el meollo del asunto.