¿Por fin, Ley General de Transparencia?

Al momento de escribir este artículo, se aprobó en lo general el dictamen de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, en Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Gobernación y Estudios Legislativos. Hoy mismo quedó inscrito el dictamen en primera lectura en el pleno del Senado, para ser votado el próximo martes.

El tiempo para su aprobación feneció el pasado 7 de febrero, es decir, el incumplimiento por parte del Congreso de la Unión ya se materializó, por ello es más que oportuno que se apruebe lo antes posible esta legislación para dar cumplimiento a la importante reforma constitucional en materia de transparencia.

Después de un proceso que ha estado alejado de ser terso, finalmente comenzamos a palpar la posibilidad de que esta ley vea luz y con ello los principios constitucionales en materia de transparencia se hagan una realidad para mejorar la calidad de vida de todos en este país. Tal es el objetivo que persiguen los derechos fundamentales.

Pero éste es apenas uno de los momentos del proceso legislativo para que finalmente entre en vigencia la ley. Falta su remisión a la Cámara de Diputados como cámara revisora y posteriormente al Ejecutivo para su publicación.

En las últimas semanas se volvió a escuchar a los especialistas en el tema, realizando con ello un acto de congruencia, hacer transparente su proceso de discusión y revertir el inexplicable secretismo que de pronto se manifestó en todo el proceso legislativo.

Aparentemente existió un consenso entre los Senadores sobre la esencia de la ley que debe respetar las bases y principios de la reforma constitucional, y así quedó plasmado en la aprobación por unanimidad del dictamen. Pero también se manifestó que habrá reservas en lo particular para discutir artículos que por su generalidad o ambigüedad puedan generar retrocesos en materia de transparencia.

En lo general, el proyecto presenta una buena intención de ley que finalmente permita acabar con las diferencias que no son menores en todas las legislaciones del país. Por fin podremos establecer un piso mínimo que homologue principios, bases, requisitos y procedimientos para que se ejerza este derecho fundamental de igual manera en todos los Estados, el Distrito Federal y la Federación.

Una vez que en entre vigor la Ley General, las legislaturas locales tendrán hasta un año para reformar la legislación en la materia y adecuarse a lo dispuesto en ella. Evidentemente para aquellas leyes que presenten retrasos será un avance adecuarse a la Ley General, pero tendremos que estar atentos para que no lleve a un retroceso en las legislaciones estatales que son de avanzada.

Finalmente confiamos en que los legisladores en su ejercicio de representantes, entreguen a sus representados una ley reglamentaría de la Constitución que efectivamente cumpla la intención de un verdadero Estado Constitucional, garantizar una mejor calidad de vida de toda la población por medio del ejercicio de los derechos fundamentales.