México desaparecido

“A mi modo de ver, la muerte en el anonimato es el insulto final a la dignidad humana. Pasar la eternidad debajo de una placa que dice “Desconocido”. Desaparecer en una tumba sin nombre sin que aquellos que te quieren sepan que te has ido. Es una ofensa…”, Kathy Reichs.

El 2 marzo del año en curso se publicó el informe “Situación de los Derechos Humanos en México” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que aseguran categóricamente: “…La Comisión ha constatado en terreno niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos…”.

La respuesta oficial no se hizo esperar, ese mismo día mediante un comunicado conjunto, la Secretaria de Gobernación (SEGOB), Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Procuraduría General de la República (PGR); rechazaron enérgicamente el Informe ya que según su dicho, no refleja la situación que se vive en México.

“Si bien en el informe la CIDH da cuenta de algunos desarrollos en materia de derechos humanos, desafortunadamente no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten. Tanto en la visita, como al término de ésta, el Estado mexicano fue enfático en afirmar que en nuestro país no se vive una crisis de derechos humanos…[1]”. Parece que los políticos no recorren el país a píe, desde la distancia de su escritorio pierden la noción de la realidad y se burlan en el rostro de las víctimas. Al negarse a reconocer la dimensión del problema, contribuyen a la repetición crónica de los mismos hechos e impiden generar un diagnóstico efectivo.

Resulta contradictoria entonces, la postura del Gobierno Mexicano al invitar y participar de los Organismos Internacionales de Derechos Humanos, pero negar sistemáticamente el resultado de sus resoluciones e investigaciones. Ha quedado documentado que en innumerables ocasiones, la caballería de la diplomacia mexicana, ataca y agrede con descalificaciones y sin sustento, a las y los representantes de alguno de los órganos de Naciones Unidas o del Sistema Interamericano. La táctica de “matar al mensajero” en vez de enfocarse en el mensaje, se ha convertido en una Política de Estado.

En realidad poco importa cuánto quieran encubrir, esconder o rechazar dichos señalamientos, porque la realidad está ahí, presente, lacerante y dolorosa. Recordemos, México tiene al menos 26,000 casos registrados de personas no localizadas (desaparecidas) y un índice del 98% de impunidad.

Si en términos del referido comunicado, el Informe desestima los avances y cambios estructurales que ha impulsado el Gobierno de la República, deberían haber explicado también porque hoy no existe una Ley General sobre desaparición forzada o tortura; dejando a las víctimas en un estado total de indefensión y a los responsables de esas conductas, libres de sanción.

Las Observaciones Finales a México del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, formuladas en febrero del 2015, externaron como principal motivo de preocupación que en gran parte del territorio nacional, se ilustra un contexto generalizado de desapariciones, muchas de las cuales podrían calificarse como forzadas, es decir, cometidas por agentes del Estado o particulares instigados por estos y una de sus principales recomendaciones es precisamente, expedir una Ley General en la materia.

En ese contexto, el 10 de julio de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dotar de facultades al Congreso de la Unión para promulgar leyes generales sobre desaparición forzada y tortura, entre otras. Sin embargo, el plazo que establecía ese Decreto en el artículo Segundo Transitorio (180 días), para cumplir con su obligación, venció el pasado 7 de enero.

A pesar de que el 17 de septiembre del año pasado, la Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, presentó una Iniciativa de Ley General sobre Desaparición Forzada y el Titular del Ejecutivo Nacional hizo lo propio el posterior 10 de diciembre, no existe actualmente una legislación que tipifique conforme a los estándares internacionales la desaparición forzada, considerada por su naturaleza como un crimen de lesa humanidad.

Diversas organizaciones de la sociedad civil criticaron severamente la propuesta del Presidente, entre otras cosas, porque en su nomenclatura no se refiere a la desaparición forzada, únicamente a la “desaparición”. Es nuevamente, el rechazo ante lo evidente, es la cerrazón de una política que parte de la equivocada premisa que al esconder la realidad, esta se evapora por sí misma.

Entre los tecnicismos propios de la Reforma, la omisión legislativa, los conflictos diplomáticos y las discusiones sobre el contenido de las iniciativas; están las madres, padres, hijos e hijas… esperando, porque desaparecer no es lo mismo que morir, no se cierra el ciclo de duelo y el anhelo permanece, desgastando profundamente a las familias y a la sociedad, que está cansada de tener gobernantes que no quieren gobernar.

[1] Comunicado completo: http://www.gob.mx/sre/prensa/el-gobierno-de-la-republica-esta-comprometido-con-la-vigencia-del-estado-de-derecho-y-los-derechos-humanos?idiom=es-MX