La derrota de la justicia en Querétaro

La Zona Metropolitana de Querétaro (ZMQ) es considerada, según la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2014, la número uno en cuanto a más personas consumidoras de alcohol y tabaco a nivel nacional. El 49.1 por ciento de los encuestados, de entre 15 y 29 años dijo haber consumido estas sustancias durante ese año, mientras la media nacional se situó en 35.1 por ciento.

A nivel nacional, el 29 por ciento de los encuestados dijo haberse embriagado alguna vez en su vida, pero el dato más llamativo es que el se refiere al promedio de edad de iniciación en materia de embriaguez: 17 años con 5 meses.

Estar en la zona en la que más jóvenes dicen haber consumido alcohol en un año, y en el país en el que las personas comienzan a embriagarse antes de la mayoría de edad resulta preocupante. Si estos datos estadísticos se ponen en perspectiva con los hechos que le costaron la vida a Evangelina Mier la madrugada del 2 de julio de 2015, y el al taxista -presuntamente de nombre Miguel Fernández según una publicación en Facebook- que en las primeras horas del 19 de febrero de 2017, el resultado es un patrón de proporciones trágicas.

El asesinato del taxista este fin de semana es una calca perfecta del de Evangelina Mier, un caso que tras casi dos años todavía no culmina su proceso jurídico y tiene a su familia sumida en una profunda sensación de injusticia.

Enrique Iturbe, hijo de Evangelina, contó en su cuenta Facebook, tras la noticia de la muerte del taxista, que en alguna ocasión alguien le preguntó qué sería justicia para él.

“Para mí lo justo, lo justo, sería que se siente precedente, que le fijarán una fianza muy muy alta, que aunque el menor se vaya al beneficio de suspensión que la ley le da, se siente precedente, que la sociedad queretana entienda y que no sean tan permisibles los padres con sus hijos, y que se imponga algo ejemplar”.

Lamentablemente, la justicia queretana fue incapaz de sentar un precedente, como deseaba Enrique. El destino, siempre caprichoso, quiso que el caso se repitiera, y este fin de semana un adolescente menor de edad, en estado de ebriedad, condujo el sedán familiar en sentido contrario sobre la avenida Bernardo Quintana y se estrelló de frente al taxi del señor Miguel, que quedó completamente deshecho con su cuerpo inerte al interior.

El sorprendente parecido entre ambos asesinatos –llamarles accidentes resulta indulgente con los responsables y ofensivo para las víctimas– es una derrota para la justicia en Querétaro. Un hecho que parecía aislado es ahora un sistema fatal basado, sobre todo, en la pasmosa falta de consecuencias que tiene provocar la muerte al volante de un vehículo mientras se está intoxicado de alcohol.

La justicia para adolescentes en Querétaro necesita urgentemente una reforma que garantice que los responsables paguen proporcionalmente a su falta. Que haga que la minoría de edad, una minucia burocrática cuando se trata de jóvenes que en semanas serán “adultos”, no sea un obstáculo para las víctimas. Que reconozca que un joven a esa edad ya tendría que discernir perfectamente que un automóvil no debe ser conducido borracho porque, muy probablemente, arruinarán sus vidas y las de los demás. Que responsabilice a los padres de familias que, desentendidos o no de la educación y la formación de sus hijos, permiten que estas tragedias sucedan.

Además, es impostergable incrementar las penas que se le impongan a las personas que provoquen la muerte a otras conduciendo en estado de ebriedad. Calificar estos delitos como homicidios culposos es un eufemismo jurídico que ya de entrada insulta a las víctimas y sus familias. No puede permitirse que una falta tan grave como esta pueda ser subsanada por aquellos que, privilegiados, puedan salir del embrollo a billetazos.

De paso se reabre otro debate no menos importante: la seguridad vehicular. Tanto Evangelina como Miguel conducían automóviles considerados inseguros, aunque vale la pena aclarar que esto no los hace mínimamente responsables de sus muertes. Evangelina conducía un Matiz, un vehículo que ya no se produce en México pero que nunca contó con tecnología esencial como frenos ABS o bolsas de aire, y que de acuerdo con la organización Latin NCAP, tiene una estructura extremadamente débil.

Miguel, como la mayoría de los taxistas de la ciudad, conducía un Tsuru, un vehículo que dejará de producirse a partir de este 2017, pero que ha vendido más de 1.5 millones de unidades en su historia sin haber tenido adecuaciones de ningún tipo, y menos de seguridad, desde 1992.

Según un estudio que dio a conocer El Economista, entre 2007 y 2012 se registraron 4 mil 102 muertes en accidentes de tránsito en los que estaba involucrado un Tsuru, un vehículo que solo se vende en México por ser uno de los mercados con regulaciones más laxas en materia de seguridad automotriz. Hace poco se hizo viral un video de una prueba de seguridad en el que un Tsuru y un Versa son chocados frente a frente a 64 kilómetros por hora. A simple vista se puede notar como el Versa sale bien librado mientras el Tsuru resulta completamente destrozado y el maniquí en su interior queda atrapado entre fierros retorcidos.

No es casual que en ambos casos, y si consideramos también el tristemente célebre de Mauricio Puente Chapa del 25 de enero de 2014, los conductores ebrios no salieron ni rasguñados. Todos iban manejando sedanes con estructuras reforzadas y tecnologías avanzadas de seguridad, mientras que las víctimas estaban a bordo de vehículos catalogados como inseguros.

Aún sin contar con los datos exactos, es evidente que la mayoría de los taxis en Querétaro, un servicio público concesionado, son modelo Tsuru. Es cierto que a partir de este año Nissan dejará de producir este vehículo, pero ¿por cuánto tiempo seguirán circulando estos automóviles como taxis considerando la predilección de choferes y concesionarios por los bajos costos de mantenimiento y el bajo consumo de combustible? Tal vez sea momento de que Querétaro se plantee, como lo hizo hace algunos años la Ciudad de México con los famosos “vochos”, un plan para retirar los Tsuru.

Este tema no puede ser reducido exclusivamente a la esfera de la educación y las buenas costumbres inculcadas en casa. Es necesario que el andamiaje institucional alrededor de la conducción de vehículos en estado de ebriedad se fortalezca e incremente las penas no solo cuando se cause la muerte, sino por el simple hecho de hacerlo. Conducir en estado de ebriedad debe dejar de ser considerada una imprudencia y comenzar a ser visto como una actitud abiertamente criminal, que tenga consecuencias graves para el perpetrador que vayan más allá de pasar algunas horas en un juzgado cívico.

Si el caso de Evangelina Mier no fue suficiente como precedente para motivar una evolución de fondo en este tema, ¿qué lo hará? ¿Seguirá siendo Querétaro un paraíso para los pudientes a los que se les pase la mano en una noche de copas, o ya nos tomamos en serio este sistema fatal?