Gobierno paga fianza de 188 millones para revocar suspensión del Tren Maya

La Aseguradora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Aserta, fue la que expidió la fianza pagada por el gobierno federal que garantiza daños hasta por la cantidad de 188 millones, 343 mil, 60 pesos y presentada en el juicio de amparo número 884/2022; así quedó asentado en el acuerdo que concedió la revocación de la suspensión definitiva.

Falso la afirmación de Javier May y del mismo López Obrador. En este expediente y otros más, no se ha dictado sentencia sobre la legalidad o ilegalidad de la obra. Van “parchando” los errores cometidos. Cuestiones de técnica jurídica arguyeron los jueces en los expedientes 923 y 1003/2022, más no porque haya cumplido el gobierno federal con todos los requisitos desde el inicio de la obra del Tren Maya.

Comento a ustedes una apretadísima síntesis de un amplio estudio realizado por “La Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos”, “Todos los Derechos para Todas y Todos”; conformada por 86 organizaciones en 23 Estados de la República Mexicana.

Va con algunos cambios de forma y se conserva la esencia de argumentos y datos. “De las demandas de amparo admitidas y con suspensión definitiva se cuenta con una emitida por la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Campeche, y otra correspondiente al tramo 1 que va de Palenque a Escárcega dictada por la Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas”. “Esas dos resoluciones fueron la excepción frente a la regla generalizada de jueces y magistrados que denegaron el acceso a la justicia para las comunidades y en general para quienes deciden argumentar la inconstitucionalidad del proyecto denominado Tren Maya”. “Un ejemplo de ello son 4 amparos desechados por los juzgados cuarto y quinto de distrito en el Estado de Yucatán, violentando los derechos de integrantes de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch’ Xíimbal y del colectivo maya Chuun t’aan, bajo el argumento de que los firmantes, en su mayoría integrantes de diversas comunidades mayas yucatecas carecen de “interés legítimo””.

Eso prueba con meridiana claridad las mentiras del presidente cuando argumenta en sus mañaneras que se trata de politiquería, de grupos opositores, de mercenarios, etcétera. El presidente descalifica y vitupera con mentiras ¿Por qué nunca se ha reunido con estos grupos el presidente López? Obvio, teme enfrentarlos y que salga a la luz la verdad.

Sigue el extracto: “Esa misma suerte corrió el amparo presentado por un grupo de ciudadanas y ciudadanos en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otras autoridades ambientales, por haber omitido poner a disposición del público información completa sobre la manifestación de impacto ambiental del proyecto Tren Maya”. “En esa ocasión, fue la jueza tercero de distrito, también del circuito correspondiente al Estado de Yucatán, quien, bajo el mismo argumento de falta de interés legítimo de quienes presentaron el amparo, decidió desechar la demanda”. Vamos no le dio trámite. Continúa: “En el Estado de Campeche, el juzgado segundo de distrito se ha negado otorgar suspensiones a diversos colectivos, como el de Tres Barrios, que han presentado amparos frente al riesgo real de ser desalojados como consecuencia de las obras del Tren”. “En el caso de Calakmul, proceso acompañado por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil y Diálogo y Movimiento”. “La jueza primero de distrito, otorgó la suspensión definitiva sin embargo solo lo hizo para el área de Xpujil, Calakmul, asumiendo el criterio del Tribunal Colegiado de Circuito, lo cual pone en duda su independencia como juzgadora, ya que en un principio otorgó suspensión provisional con un criterio amplio y garantista”. “Pero al momento de que FONATUR alegó interés general sin argumentar y mucho menos demostrarlo ante el trigésimo Tribunal Colegiado de Circuito, este emitió criterio de reducción de la suspensión provisional amplísima, influyendo indebidamente en el criterio de la jueza de la causa”. Así es como se aprecia la falta de independencia del Poder Judicial frente a las presiones personales del presidente López Obrador.

El análisis es amplio y detallado. Se encuentra en Internet para cualquier persona interesada en informarse, menos para el gobierno federal.

Las cosas no son como las han planteado los profesionales de la manipulación de la mentira. Aun no se resuelven de fondo los juicios de amparo; en otros aún pesan suspensiones, por esa razón el presidente envió al personal de Ejército Mexicano, para hacer presión. Luego vino otro improvisado y mal hecho Decreto de Expropiación, el primero no les funcionó dado el cambio de rutas. El mismo presidente había dicho que tuvieron que negociar con los dueños de las tierras y se les indemnizaría conforme a Derecho, otra más de sus mentiras, la afirmación resultó falsa.

Conclusión. El gobierno ha tenido que cubrir una finanza superior a 188 millones para que levantar una de las suspensiones, ello en caso de perder el juicio y tener que pagar a los afectados. El resto de los expedientes siguen su curso. Mas, observando la forma gansteril el proceder del gobierno federal, seguramente obligarán a jueces de distrito y Tribunales Colegiados a no conceder amparos.

Todo el Poder del Estado, en contra del hoy despreciable pueblo, antes aplaudido, ponderado y alabado por López Obrador, mismo pueblo a quien hoy desprecia y no le cree. Ya lo dijo Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación.