General Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional

Vaya que levantó Usted la mano, general, reviviendo con sus declaraciones una discusión que se estaba oxidando, no sólo en el Congreso sino incluso en la opinión pública, el papel del ejercito mexicano en el combate a la delincuencia organizada, ante la incapacidad de las policías estatales y municipales de contener sus acciones criminales.

Seguramente dejar pendientes las definiciones de cómo, cuándo y en qué casos debería el ejército suplir el trabajo de las policías, resultaba cómodo para muchos, tanto así que nadie presionaba al Congreso a hacer su trabajo, legislar las iniciativas que den certeza a gobernantes, población y por supuesto a los miembros de las fuerzas armadas, convertidos estos últimos en perseguidores de delincuentes, tarea para la cual usted reiteró, no fueron formados y desnaturaliza su profesión.

De paso Usted aprovechó para lanzar, lo que pareció un llamado a replantear la política pública de combate al crimen organizado, cuando dijo “esto no se resuelve a balazos”, estrategia que se le adjudica al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien hace diez años, declaró la guerra al narco y sacó a soldados y marines a la calle. Quizá usted no es el único que piensa que el camino debe ser otro.

Para importantes actores de la vida política y pública nacional e internacional, la guerra emprendida contra los cárteles, principales detonadores de la violencia en el país y causantes de la muerte de miles de mexicanos, ha fracasado, debiendo hacerse un replanteamiento a través de la legalización de la marihuana para uso recreativo, regulando su producción, transportación, distribución y consumo.

Entre estos, podríamos asumir, se encuentra la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que al fallar a favor de la asociación SMART, reconociéndole a sus integrantes el derecho a la personalidad y con ella al consumo de la marihuana, abrió de paso la puerta a una nueva política de seguridad en el país, donde si los legisladores atendían esa sentencia y adecuaban las leyes a la misma, se dejaría de dedicar tantos recursos y elementos a la detección y destrucción de sembradíos y al tráfico de esta hierba.

El mismísimo Enrique Peña Nieto, presentó una iniciativa que legalizaba el consumo de esta droga, planteamiento similar que hizo formalmente el Senador Roberto Gil, en ese entonces Presidente de la Cámara de Senadores.

Buena parte de los estados de la Unión Americana, entre ellos California, también se han pronunciado, de manera democrática, a favor de la despenalización del consumo de la marihuana, misma que hoy es producida, comercializada y consumida de manera legal en varios de sus territorios, lo cual hace incomprensible explicar como seguir persiguiendo lo que cruzando la frontera es ya una actividad incluso empresarial que está reportando millonarias ganancias que de manera legal crea empleos y causa impuestos que pueden destinarse a combatir las adicciones desde otra trinchera.

Si el propio Presidente de la República, la mayoría de la Suprema Corte de Justicia, destacados parlamentarios, nuestro socio comercial más importante con quien compartimos una inmensa frontera, han planteado una manera diferente de cómo abordar el problema, la pregunta necesaria es quién entonces cree que esta guerra se debe seguir peleando a balazos. ¿Serán aquellos que están cuidando lo poco que les queda hacia las elecciones?