Empate técnico entre quejosos y el INE

El miércoles 29 de diciembre, por la noche, la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, decidió “salomónicamente”, aunque de manera parcial, el intrincado problema de la falta de recursos para desahogar el inútil y costosísimo proceso de “revocación de mandato”.

Por unanimidad de los magistrados de la Sala Superior, decidieron que, entre el INE y el gobierno de AMLO, vía la Secretaría de Hacienda, pongan dinero para preservar el derecho constitucional de la democracia participativa, en aras de proteger los derechos humanos, obligación de ambas autoridades.

Por voz del presidente de la República, reiterada y categóricamente ha insistido y afirmado que su gobierno no dará un peso para su consulta de la revocación. De forma por demás inconcebible López propuso violar la Constitución para que, la responsabilidad constitucional del INE se traslade a otros entes no gubernamentales y organicen el evento, lo cual significa trastocar la Carta Magna y no cumplan con el artículo 35 en su parte relativa a la “revocación de mandato” ¡Decisión de un tirano!

AMLO en un plano que roza en la esquizofrenia sugiere que el proceso de revocación de mandato, se lleve a cabo por medio de encuestas y que, empresas particulares desahoguen las encuestas; incluso propone nombres de casas encuestadoras. Además, siguiere en desquiciado presidente que, entre los gobiernos estatales hagan una “vaquita” para sufragar los gastos que su gobierno se niega dar apoyo. De tal suerte que, con la insólita propuesta del titular del Ejecutivo, el INE no lleve a cabo la obligación que le mandata la Constitución. Imposible de creer, pero es así. No cabe duda que López Obrador está mal de sus facultades mentales o es un verdadero tirano que pretende suplir la Constitución por simpes y caprichosas decisiones personales, sin sustento jurídico alguno.

El INE hizo el esfuerzo de reducir su presupuesto y sacar dinero de distintos programas para el desarrollo de la consulta, ajustes que dio a conocer públicamente; pero, el dinero es insuficiente para cumplir con el capricho de López. Aún faltan más de 2 mil millones de pesos que no quiere aportar el gobierno federal. López se niega. Los magistrados lo obligan por medio de la Secretaría de Hacienda, a cumplir con la responsabilidad de transferir recursos al INE.

AMLO propone una consulta “patito” como las que acostumbra realizar. No quiere aportar recursos del erario, pero sí es capaz de obsequiar a gobiernos extranjeros cientos de millones de pesos o de regalar millones de vacunas a otros países. El presidente debe ordenar transferir de la o las partidas que él desee, para financiar el proceso. El Poder Ejecutivo no puede hacer a un lado la responsabilidad que advirtieron los magistrados de la Sala, la conducta del presidente es violatoria de los derechos humanos y cancela un derecho ciudadano protegido por la Constitución.

Los magistrados dicen al presidente de la República en la sentencia que dictaron: “Sobre este último punto, la Sala Superior vinculó a la SHCP para que, en caso de que el INE haga una solicitud de ampliación presupuestaria, dé respuesta a la brevedad de manera fundada y motivada y siga el procedimiento respectivo que dé cauce a la solicitud para que haga efectivo el derecho político de participación de la ciudadanía en el proceso de revocación de mandato. Lo anterior, porque al igual que el INE —en el ámbito de su competencia— se encuentra obligada a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Es decir, en el ámbito de sus atribuciones debe proveer lo necesario a fin de garantizar el derecho de la ciudadanía de participar en el proceso de revocación de mandato”. Legalmente AMLO no tiene para donde hacerse. Aunque su conducta es contumaz y violatoria de la Constitución.

Conclusión. Esta primera ronda jurisdiccional la perdió López Obrador. Falta que cumpla. Además, están pendientes por resolver varias controversias constitucionales. Las ministras de la Corte, ordenaron al INE continuar con el proceso y que el órgano electoral sufrague todos los gastos, deslindado de responsabilidad al presidente.

En tanto los magistrados obligaron al Poder Ejecutivo (a López Obrador) a proporcionar suficiencia de recursos (dinero) para el cumplimiento de la obligación constitucional. Los ministros quedaron “acorralados” mientras gozan de su periodo vacacional. Dos resoluciones del mismo asunto con diferencias sustanciales ¿A qué resolución hará caso López Obrador? Aunque una de ellas solo se derive de la suspensión provisional. AMLO debe entender que su obligación es otorgar suficiencia de recursos para el desahogo de su consulta de “revocatoria de mandato”. Queda pendiente un punto de suma relevancia y delicado, sobe la inconstitucionalidad de la ley reglamentaria para eliminar de su contenido la “ratificación”. Falta mucho por ver qué resulta del “cochinero”.