El país de nunca jamás

“¡Soy un hombre inocente! He pasado 15 años en prisión por algo que no cometí. Vi morir a mi padre en una prisión británica por algo que no cometió, y este gobierno sigue diciendo que es culpable. Quiero decirles que hasta que mi padre sea probado inocente, hasta que las personas implicadas en este caso sean probadas inocentes, hasta que los culpables sean llevados hasta la justicia, ¡seguiré luchando! ¡En nombre de mi padre y de la verdad!”, Daniel Day-Lewis – Gerry Conlon

El Estado Mexicano, a través del Representante Permanente de México ante Naciones Unidas (ONU), Jorge Lomónaco, rechazó el pasado 7 de marzo la solicitud formulada por el Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Sr. Juan Méndez, de ese Organismo Internacional, para visitar nuestro país antes de que concluya su mandato en octubre próximo en razón de que “se tienen programadas otras visitas”; pero la realidad sobre esta negativa resulta evidente, perpetuar la impunidad.

Juan Méndez concluyó el año pasado en su Informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que “la tortura es generalizada en México. Ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación…”. En derecho internacional la denominación “generalizada” se otorga cuando existen violaciones graves a gran escala, contra una multiplicidad de víctimas civiles, no provenientes de hechos aislados de violencia. En el mismo sentido, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, se pronunció de forma previa respecto a que en la mayoría del territorio nacional, se ilustra un contexto de desapariciones generalizadas.

Entendiendo que las violaciones a Derechos Humanos únicamente son cometidas por agentes del Estado en cualquiera de sus órdenes o por particulares instigados por estos, lo expresado por el experto internacional y por el Comité, es en pocas palabras, que la población civil en México es víctima de ataques generalizados y sistemáticos por funcionarios públicos. Es el propio Estado, “garante de la seguridad y la paz social”, quien tortura, desaparece y asesina.

No sorprende la reacción de la Cancillería Mexicana para rechazar, como siempre, las observaciones que realizan Organismos Internacionales e iniciar una campaña de desprestigio en contra del Relator que derivó en un intercambio de comunicaciones y la descalificación de su trabajo. México aspira a mantener su imagen ante la comunidad internacional como una nación con apertura al escrutinio, pero que se desmorona ante su intolerancia a la crítica y férrea negación para aceptar la verdad.

Contrario a lo manifestado por las autoridades mexicanas, la evidencia apunta a reforzar el carácter generalizado de las violaciones graves a Derechos Humanos. El 4 de agosto de 2015, el Estado Mexicano fue condenado por primera ocasión por el Comité contra la Tortura (CAT), por la detención arbitraria y tortura de cuatro personas (Ramiro Ramírez, Rodrigo Ramírez, Orlando Santaolaya Villarreal y Ramiro López Vázquez); a manos de elementos de la Segunda Zona Militar en Tijuana, del 28° batallón de infantería.

Estas personas fueron detenidas el 16 de junio de 2009 y durante el período de arraigo de 40 días, fueron amarrados de pies y manos, obligados a dormir en jaulas y se les impidió ir al baño, entre otros tratos crueles, con el objetivo de que confesaran un determinado secuestro. Sin ninguna evidencia y sentencia que así lo acreditara, fueron expuestos a los medios de comunicación como una “banda de secuestradores”, violando además su derecho a la honra y dignidad.

El Comité determinó que el Gobierno Mexicano debería iniciar una investigación exhaustiva y efectiva sobre los hechos de tortura; procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas halladas responsables de los agravios cometidos; determinar la inmediata puesta en libertad de las víctimas; conceder una plena reparación del daño, indemnización justa y rehabilitación; en un plazo de 90 días que venció el pasado 3 de noviembre.

Hasta la fecha no existe documento oficial o público en el que se informe sobre el cumplimiento a la referida resolución. En noviembre pasado, la Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, presentó un Punto de Acuerdo para solicitar al Titular del Poder Ejecutivo, realizara las acciones necesarias para atender la decisión del CAT. Si el Gobierno es incapaz de resolver tan solo un caso en el que se acreditaron violaciones graves a Derechos Humanos, es lógico deducir que nos encontramos en estado de indefensión permanente frente a las acciones, omisiones u excesos de sus agentes, en una crisis generalizada de afectaciones a la dignidad.

La omisión del Congreso de la Unión para expedir en el plazo establecido una Ley General contra la tortura que tipifique esta conducta conforme a los estándares internacionales, al igual que sobre desaparición forzada, con base en la Reforma Constitucional al artículo 73 fracción XXI inciso a) del 10 de julio de 2015; prueba nuevamente, la ausencia absoluta de voluntad política para convertir los Derechos Humanos en realidad.

Resulta contradictorio que según datos de la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas (CEAV), la tercera parte de la población mexicana acepta o legitima la utilización de la tortura, pero al mismo tiempo, esta misma población reconoce que teme ser víctima de dicha conducta en caso de ser detenida; lo que demuestra el nivel de desesperación frente a la escalada de violencia que padecemos a diario, porque se impregna en el imaginario colectivo que el usar la tortura como herramienta para obtener información o como castigo, reducirá los índices de violencia. Habría que recordar que de conformidad al artículo 20 fracción IX de la Constitución Mexicana, toda prueba obtenida violando Derechos Fundamentales será nula, por lo que la práctica de la tortura, perpetúa la corrupción e impunidad.

Ante el desafío del Estado Mexicano a los Organismos Internacionales, policías y militares continúan violando, dando palizas, asfixiando y electrocutando a hombres y mujeres; llenando las cárceles de personas inocentes. En 10 años, las denuncias por tortura han aumentado en 600%, en contraste con las 7 sentencias federales en la materia, la justicia mexicana es inexistente.

El Presidente de la República expresó ayer durante el Informe Anual del Titular de la CNDH que la tortura y desaparición forzada son “inaceptables violaciones a los derechos fundamentales”, pero su administración hace todo lo posible por negar su reconocimiento, desprestigiar a quienes trabajan en la materia, hostigar a las y los defensores de Derechos Humanos y con ello, propiciar la repetición crónica y generalizada de los hechos.

Entre tanto, miles de personas pasan las horas encerradas en celdas por delitos que no cometieron, los culpables en libertad y los políticos, como los Niños Perdidos, viven sin ninguna regla ni responsabilidad, divirtiéndose, enriqueciéndose, a costa del sudor y sangre del pueblo, así, en el País de Nunca Jamás.