El nuevo outsourcing y los jóvenes líderes del mañana

Por Juana del Carmen Ramos Juárez, Profesora  de Derecho del Departamento Regional de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. jcramosj@tec.mx

Twitter: @JuanitaRamosJ

El outsourcing, conocido también como tercerización de servicios laborales, es un buen ejemplo de lo verdaderamente importante sobre la forma habitual de gobernanza en estos tiempos. Es sabido en el país que este tipo de contratación sufrirá modificaciones a través de diversas leyes de México, y con ello, la subcontratación de personal pretende desaparecer. Al menos de manera general, esto es lo que se vislumbra en la iniciativa de reformas que pronto serán aprobadas por el Congreso, salvo para aquellos servicios u obras especializadas que sean autorizadas por el Gobierno Federal.

Algunas de las leyes que se verán impactadas serán la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, principalmente. Ahora bien, se intenta regular de una manera más ordenada la subcontratación laboral, la responsabilidad fiscal y sanciones penales, entre otros elementos.

Por ende, las empresas deberán estar preparadas para enfrentar estas nuevas regulaciones que, sin duda, impactará fuertemente sus operaciones y esquemas de hacer negocios en México; por ejemplo, para que las empresas puedan contratar servicios especializados, éstos no deben formar parte de la actividad económica principal dentro de las normas estatutarias de su objetivo social. Solo si cumple con este nuevo régimen, el empresario solicitante del servicio podrá deducir los pagos de las facturas correspondientes que se generen.  Como se puede advertir, el impacto va más allá de lo meramente laboral porque también tendrá efecto en la materia fiscal e inclusive penal.

No es momento de escribir sobre más tecnicismos legales y conceptuales, pero sí de repensar los esquemas empresariales actuales para muchos de los negocios en México, tanto de empresas nacionales y extranjeras pues las reglas del juego pretenden cambiar muy pronto.  Tales modificaciones, desde el punto de vista meramente legal, obliga a que el empresario apueste por una cultura de prevención que le haga contar con el apoyo del abogado de confianza que le asista en la protección de sus intereses en este sentido.

Por otro lado, hay una razón de peso que debemos enfrentar ante esta situación, pues se ha abusado de los malos hábitos para no invertir en esquemas de prevención, en desarrollar una cultura de orden y disciplina al interior de la empresa, lo cual ocasiona que el empresario, ante dicha falta de cultura jurídica preventiva, afronte en consecuencia, gastos ineludibles más bien en momentos de reacción cuando ya cuenta con sanciones impuestas en su contra.

Una pregunta que surge de inmediato es qué pasará con las famosas agencias de colocación. Estas entidades de negocio bien sean firmas grandes acreditadas y bien posicionadas en el mercado, o de menor tamaño otras, pero que con eficiente actuación a la hora de contratación de personal, apoyan al gran sector empresarial y de negocios para proveer empleados.

Según los términos de la propuesta de reforma, dichas agencias estarán facultadas para reclutar, seleccionar y capacitar en la búsqueda de personal y no serán considerados como empleadores; entonces, en ellas no recaerá la responsabilidad laboral.  Estas juegan un rol de intermediarias, pero en sí, como se ha dicho, la empresa con el mayor impacto en la nueva regulación del nuevo régimen del outsourcing será aquella que prestará el servicio de tercerización de empleados para brindar obras o trabajos especializados favor de otra que los requiera.

Por otro lado, sí, también se contemplan multas, y posiblemente algunas conductas clasificadas ahora como delictivas, especialmente queremos referirnos a las relacionadas con las conocidas como “empresas factureras” y a veces “empresas fantasma” también.

Una reflexión obligada de lo hasta aquí abordado es el origen de estos cambios legales que deriva de la necesidad de combatir la corrupción, ese lastre que ha permeado nuestra vida social y, en este caso, al ámbito de los negocios, utilizando la vía empresarial para dejar desvalidos y con serias violaciones los derechos de los trabajadores; pero, por otro lado, se logra advertir a todas luces cómo los gobernantes pretenden cambiar la realidad por decreto de ley.  Esta es una idea fundamental que vale la pena detenerse a repensar más profundamente.

Una práctica común enraizada en la cultura formalista de nuestro sistema jurídico mexicano, es cuando los gobernantes una y otra vez se valen de las leyes para amedrentar, sancionar y, como se sabe por todos, de querer cambiar la realidad por decreto.

Con esta última vía de solución de encarar las problemáticas sociales desde lo legal -como si fuere la medicina ideal- no estamos en total acuerdo ni consonancia de que sea la mejor y única manera de implementación de dichas maniobras políticas que no jurídicas. Persistir en ello es, hasta cierto punto, degradar a la ciencia jurídica puesto que las leyes no deben ser el único utensilio en la gobernanza de un país, y que con ello se sumen más y más prohibiciones a la esfera de derechos de los particulares. No se entienda lo contrario, no se pretende defender ni aceptar la mala praxis entre los empresarios para eludir responsabilidades laborales o fiscales, pero lo que sí debe ser expresado en altavoz es precisamente aquello de querer pretender cambiar realidades con la emisión de inacabables reformas legales.

¿Los jóvenes habrán reflexionado en esto? ¿La escuela los forma integralmente para abordar la realidad desde una óptica interdisciplinaria o tal vez analizando la complejidad de los casos con otra visión sistémica de las problemáticas sociales?  No desaprovechemos el poco tiempo que nos queda, la solución no es con la emisión de leyes sancionatorias y prohibitivas, al menos no de manera única y tajante.

Más bien hace falta una diligente voluntad política de hacer cumplir las normas de derecho con que ya se cuentan en el país, desde una perspectiva jurídica objetiva el gobernante tiene la facultad de hacer cumplir la ley, para eso ha sido elegido, pero parece que se le olvida, y a la sociedad en general también parece que se le olvida exigir cuentas y responsabilidades a la autoridad ante dicha conducta omisiva. Sería mucho más contundente, eficaz y beneficiosa una actuación política ejemplar para perseguir a los infractores y aplicar un estado de derecho cuando se violan las leyes, y no dedicarse a emitir más normas que sólo entorpecen y ciegan su cometido de gobernanza para un bien común.  La voluntad política para hacer cumplir la ley es un reto que pocos se han atrevido a asumir.

Se reitera que queda poco tiempo, y en ese sentido, todos nos vemos invitados a concluir por ahora sobre esta idea, pero en especial los jóvenes,  pues son los que están encargados hoy en día, de su propia construcción profesional para una mejor educación, que les permita forjar cambios en la cultura política, jurídica, económica y social de su entorno, para que de manera integral aporten soluciones más viables y eficaces; estos jóvenes serán los que liderarán México en los ya muy próximos años del relevo generacional y estarán al frente de cargos públicos, así como en muchos otros ámbitos relevantes en la sociedad, lo que les debe impulsar a luchar sin descanso por construir un mejor país desde otras ópticas y concepciones teóricas y metodológicas para resolver problemas, que no sólo la de pretender imponer realidades por decretos de ley.