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El debate sobre las drogas de uso recreativo: ¿qué preguntarle a su prohibicionista local?

Por - 22/07/2013

El debate en torno a la política prohibicionista de drogas con fines recreativos ha ganado fuerza y no es casualidad. Cada año se emplean enormes […]

 El debate sobre las drogas de uso recreativo: ¿qué preguntarle a su prohibicionista local?

El debate en torno a la política prohibicionista de drogas con fines recreativos ha ganado fuerza y no es casualidad. Cada año se emplean enormes cantidades de dinero y esfuerzo para combatir el tráfico y el consumo de algunas drogas. Estados Unidos, por ejemplo, gasta anualmente alrededor de 40 billones de dólares para frenar el reparto de drogas –a una tasa de más de 1000 dólares por segundo-, arresta 1.5 millones de personas cada año por delitos relacionados con las drogas y encarcela a medio millón.

En México la lucha contra el narcotráfico ha consumido a través de los años cada vez más recursos del Estado y un gran número de vidas se han perdido. Aunque las cifras de los analistas varían, las estimaciones del número de muertos relacionados con el narcotráfico –desde  el inicio del sexenio del ex-presidente Felipe Calderón hasta el primer trimestre de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto– superan los 63 mil muertos y más de 25 mil desaparecidos.

En este contexto, no es sorprendente que exista un debate sobre la respuesta que debe dar el Estado en la materia. Sin embargo, discutir sobre política de drogas es, sin duda, complicado. Lo anterior se debe a dos razones: i) el debate está dominado por dos tipos de argumentación que se enfocan en cosas distintas del mismo problema y ii) no existe consenso sobre diversos conceptos y mediciones.

Respecto a la primera razón, por un lado, los ‘utilitaristas’ bajo un análisis costo-beneficio argumentan si es mejor en términos de salud y seguridad pública abandonar o no la prohibición; mientras que otros, los deontológicos, cuestionan de entrada si la política prohibicionista es justa en sí misma, es decir, si los individuos tienen o no un derecho moral a consumir drogas. Respecto a la segunda razón, no existe consenso sobre conceptos como ‘adicción’ o ‘autonomía’. Tampoco hay acuerdo en los estudios empíricos respecto a temas como: qué tanto daño a la salud produce el consumo de drogas o cuánto escalaría el consumo si se abandonara la prohibición.

La cuestión es, entonces, ¿cómo comenzar el debate? ¿Evaluando costos y beneficios? O ¿preguntándole al prohibicionista por qué es justo que se le prohíba a alguien  consumir? Sostengo que el debate debería comenzar por cuestionar si es justo prohibir a un individuo adulto y con pleno uso de sus facultades ingerir un narcótico con el afán de proteger su salud. Tengo dos razones para decir que el debate debería comenzar así: una práctica y una de ética normativa.

Cuando se cuestiona la proscripción de narcóticos en términos costo-beneficio, aquellos que están a favor de un cambio como aquellos a favor de la prohibición comienzan a dar argumentos de cómo sería una sociedad en la que las drogas ilegales dejaran de ser proscritas. Aquellos a favor de un cambio enumeran los beneficios sociales que un cambio en las políticas traería. Los que están en contra se centran en generar incertidumbre en los argumentos de los primeros y en afirmar el mal que representan las drogas. Así, en lugar de argumentar a favor de la prohibición, los que están en contra del cambio se dedican a desvalorizar los argumentos de los otros. Por ello, si se comienza de esta manera, los prohibicionistas tienen una ventaja.

Pero más allá de la ventaja que los prohibicionistas tienen al comenzar así, si el debate sobre el uso recreacional de drogas comienza por la pregunta “¿existe una alternativa mejor a la prohibición en términos de un análisis costo-beneficio?” se omite el debate sobre la justicia de la actual legislación en la materia o se admite que las políticas actuales son justas. Las leyes son creadas con ciertos objetivos que la sociedad busca –en el presente caso proteger la salud–  pero el parámetro de estas leyes debe ser la justicia. Lo que implica que por más eficientes que fueran las leyes prohibicionistas (que para nada lo son) si prohibir es injusto, entonces debemos abandonar la prohibición.

Llego la hora de que los prohibicionistas argumenten y no sólo se dediquen a desvalorizar argumentos con contrafácticos. Si usted al igual que yo está a favor de un cambio, pregúntele a su prohibicionista local ¿por qué es justo prohibir el consumo? Y sobre todo, ¿por qué es justo castigar a quienes consumen? Si usted es el prohibicionista local, hágase estas preguntas.


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