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Derecho a la verdad

Por - 20/07/2017

En México este derecho se reconoce a partir del 9 de enero de 2013 con la expedición de la polémica Ley General de Víctimas, la cual tan solo cuatro meses después tuvo que ser reformada casi en su totalidad

 Derecho a la verdad

“…Viejo o adolescente, criollo o mestizo, general, obrero o licenciado, el mexicano se me aparece como un ser que se encierra y se preserva: máscara el rostro, máscara la sonrisa. Plantado en su arisca soledad, espinoso y cortés a un tiempo, todo le sirve para defenderse: el silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación…”, Máscaras Mexicanas, Octavio Paz.

Verdad, del latín “verĭtas”, para la Real Academia Española representa conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente o conformidad de lo que se dice con lo que sentimos o pensamos, para la mitología romana, Verdad es la hija de Saturno, el dios del tiempo y de Virtus, diosa de la virtud. Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, el Derecho a la Verdad surge como respuesta a la falta esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción a los responsables de casos de violaciones a Derechos Fundamentales.

En el ámbito internacional, el “Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”, adoptados mediante resolución del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas el 8 de febrero de 2005, reconocen por primera vez de forma expresa el “Derecho a Saber”, compuesto por tres principios: el derecho inalienable a la verdad, que consiste en conocer sobre los acontecimientos sucedidos en relación con la perpetración de crímenes aberrantes, así como las causas que los motivaron; el deber de recordar que se refiere a la obligación de los Estados a adoptar medidas para preservar del olvido la memoria colectiva; y el derecho de las víctimas a saber las circunstancias en las que se cometieron las violaciones en su contra.

Posteriormente, el 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, con el objetivo de promover la memoria, rendir tributo a las víctimas y reconocer la labor de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, defensor salvadoreño que perdió la vida por su oposición a la violencia política y represión militar en su país.

No obstante, el Derecho a la Verdad ya se desprendía de la interpretación de distintos instrumentos internacionales como parte de las garantías judiciales, especialmente, como un medio de conciliación derivado de las grandes atrocidades que se cometieron durante el siglo XX y sobre todo, como consecuencia del fenómeno de la desaparición forzada, práctica sistemática utilizada por las dictaduras militares y gobiernos en el mundo, con la finalidad de esparcir el miedo y eliminar al disidente.

En México este derecho se reconoce a partir del 9 de enero de 2013 con la expedición de la polémica Ley General de Víctimas, la cual tan solo cuatro meses después tuvo que ser reformada casi en su totalidad. Durante el discurso de promulgación de dicha norma en la Residencia Oficial de los Pinos, el Presidente de la República señaló que “…El Estado debe estar al lado de las víctimas y sus familiares” y que “…la dignidad de una nación se refleja en la forma en que se trata a las víctimas…”. En ese momento, no se vislumbraba en el horizonte la sombra de Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzigan, Tanhuato o las miles de fosas clandestinas con cuerpos sin nombre, que se han ido descubriendo con el pasar de los años. Si utilizamos las propias palabras del Titular del Ejecutivo como parámetro, este país no es digno.

Pero más allá del sustento jurídico que le da origen al Derecho a la Verdad como una obligación de hacer al Estado frente a las víctimas, cuál es la relación histórica que tenemos como sociedad con la verdad, entendida como el ejercicio de contar con información completa, objetiva y veraz sobre los sucesos en los que agentes estatales o particulares con aquiescencia de estos, han cometido violaciones graves a Derechos Humanos. En nuestro pasado reciente, hechos como la Guerra Sucia o la Noche de Tlatelolco, nos enfrentan con interrogantes de las que, hasta ahora, no tenemos respuesta, y que se van diluyendo con el transcurso del tiempo y de poco a poco, se olvidan.

Se olvida que cientos de personas fueron asesinadas, torturadas o desaparecieron bajo las órdenes de funcionarios cuyos nombres nunca sabremos o que si se conocen, fueron exculpados de toda responsabilidad, se olvida que familias fueron destruidas por razones políticas y tuvimos que hacer nación a base de mentiras oficialistas, alimentando el ciclo de corrupción e impunidad y la repetición crónica de los hechos. Mentiras oficialistas que se han replicado en todos los niveles de gobierno y que asumimos como verdades históricas, ante la imposibilidad de desentrañar con exactitud la realidad, que sumado al ejercicio sin escrúpulos del poder público y la indiferencia social, se convierten en costumbre.

Existen esfuerzos importantes, aunque aislados, para materializar el Derecho a la Verdad, que incluso han obtenido respuesta en instancias internacionales donde el Estado Mexicano ha sido condenado por violar Derechos Humanos, pero en la aplicación nacional, esa justicia es obstruida por el aparato oxidado y corroído del sistema que supuestamente debería garantizarla.

Por citar un ejemplo, el 21 de febrero del año en curso, la Procuraduría General de la República ofreció una disculpa pública y reconoció la inocencia de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, mujeres indígenas del municipio de Amealco en Querétaro, acusadas falsamente de secuestrar a elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI); un suceso sin precedentes para la soberbia del Gobierno Federal, sin embargo, qué sabemos sobre los responsables que intervinieron en la detención y vinculación a proceso penal sin pruebas o quiénes fueron los servidores públicos que por capricho o sinrazón, participaron de alguna forma, para que esas mujeres pasaran más de tres años de su vida, encarceladas injustamente, y cuáles fueron los hechos que motivaron su detención. Preguntas que se quedan sin respuesta y que impiden a la sociedad ponerle un rostro a la culpabilidad.

En cada rincón del país existe una tragedia y sobre esta, la manipulación de la verdad como política de Estado o estrategia de guerra, porque una sociedad desinformada sobrevive a sus circunstancias sin exigir y la convierte en presa fácil de los políticos que la ven como un medio para saciar sus intereses. ¿Cómo se puede vivir en democracia si quienes violan la dignidad humana y transgreden las libertades fundamentales no son sancionados y en muchas ocasiones, continúan ejerciendo alguna forma de poder o función pública?

Ante ese escenario, si queremos encontrar a un culpable, solo tenemos que mirarnos al espejo, adoptamos la cotidiana mentira como una máscara mexicana, para defendernos pretendiendo indiferencia o resignación, pero máscara al fin y al cabo que cuando cae, revela nuestra verdadera naturaleza, un ser en soledad incapaz de aceptar la realidad, con sus causas y consecuencias, porque pareciera que es mejor sobrellevar que vivir luchando. Aunque tarde o temprano, el hartazgo social superará la indiferencia individual y colectiva e incitará el despertar hacia la búsqueda de la verdad, porque no hay régimen tirano que dure para siempre, pero debemos asumir nuestra responsabilidad si queremos dejar de vivir en el engaño y engañándonos.

 


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