Defender una causa

Este día se cumplen 67 años de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 como respuesta a los horrores de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Tras un largo proceso deliberativo, dicho documento incorpora las distintas tradiciones espirituales y culturales que integran el concierto internacional en el único punto que pueden converger sus diferencias, en el concepto de dignidad humana y de solidaridad o empatía.

En ella se establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos…”, pero hoy parece que su contenido se difumina a través de los innumerables conflictos armados, violencia del crimen organizado internacional, trata y tráfico de personas, desplazamientos forzados y demás atentados diarios contra la humanidad. Estamos olvidando su origen y lo que pretendía evitar.

En la medida que los ataques de grupos extremistas se han intensificado, los gobiernos mundiales, equivocadamente, han subordinado los Derechos Humanos al concepto de “seguridad nacional”; agravando la crisis y eliminando del futuro, una solución sostenible.

Tan solo cifras del Uppsala Conflict Data Program (Universidad Sueca), indican que el conflicto palestino – israelí ha ocasionado más de 52 mil víctimas, la guerra contra el Estado Islámico supera las 90 mil y en Afganistán, los dos millones, por citar algunos ejemplos.

En México, la historia no es muy distinta. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su más reciente visita aseguró que 151,233 personas fueron asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, mientras que el número de desaparecidos(as) asciende a más de 26,000. Para un País que no está clasificado como “en guerra” según los estándares internacionales, las cifras son extremadamente elevadas y en sus palabras, “prácticamente nadie ha sido condenado por dichos crímenes”. Lo que vivimos hoy es tan solo un reflejo de lo que nunca se ha subsanado.

¿Movimiento estudiantil y matanza del 2 de octubre de 1968?, sin justicia, ¿Masacre de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, del 28 de junio de 1995?, sin justicia, ¿Incendio de la Guardería ABC, Hermosillo, Sonora, del 5 de junio de 2009?, sin justicia, ¿Ejecución extrajudicial en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, del 30 de junio de 2014?, sin justicia, ¿Desaparición forzada y homicidio de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, del 26 y 27 de septiembre de 2014?, sin justicia…

Lo que ha configurado un cuadro de absoluta impunidad en el País. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que México aceptó su competencia contenciosa el 16 de diciembre de 1998, ha sostenido en diversos criterios que: “…entiende como impunidad la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.

Repetición crónica de la que todos y todas, hemos sido víctimas, pero lo más grave no está en los casos emblemáticos que son por propia naturaleza condenables, sino en el abuso diario del poder público en detrimento de la dignidad de las personas. En las y los servidores públicos que utilizan su función para beneficiar sus intereses personales.

Los Derechos Fundamentales son las libertades y prerrogativas que nos pertenecen por el hecho de ser persona y permiten, el desarrollo pleno de nuestras potencialidades. Es entender las diferencias propias de la condición humana en un plano de igualdad y tender la mano a quien ha sido víctima, no como objeto de nuestra compasión o lástima, sino como una persona con los mismos derechos que nosotros.

Los Organismos Públicos de Derechos Humanos, son un medio para defender la dignidad cuando se utilizan con independencia y autonomía, como también lo es el activismo o la protesta, generar incidencia, diseñar políticas públicas o hacer uso de la verdad en el ejercicio del periodismo, pero más importante es la lucha del día a día. Son las acciones diarias las que nos definen como persona y en cada una de ellas, podemos fomentar y proteger las libertades fundamentales.

Empecemos por lo más básico que son las palabras. Dejemos a un lado los calificativos como “puta”, “maricón”, “sirvienta”, entre tantos otros y hagamos un ejercicio de conciencia y asimilación para entender que la igualdad no solo es en papel. Denunciemos y enfrentemos con valentía al corrupto. En un País donde el Estado de Derecho se resquebraja, es ocioso esperar que el cambio y el respeto surjan de las autoridades y que el día de mañana se de cumplimiento a la Ley por su buena voluntad.

 Como escribió Eleanor Roosevelt, diplomática estadounidense e integrante del Comité Redactor de la Declaración Universal: “¿Dónde, después de todo, comienzan los Derechos Humanos? En lugares pequeños, cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa del mundo. Sin embargo, están en el mundo individual de cada persona: el barrio en el que vive, la escuela o universidad a la que asiste, la fábrica, granja u oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades e igual dignidad sin discriminación. A menos que allí estos derechos tengan significado, estos tendrán un significado mínimo en un cualquier otro lugar.

 Sin una acción deliberada de los ciudadanos para defender sus derechos desde casa, vamos a buscar en vano el progreso en el resto del mundo.”